El gobernador Ron DeSantis de Florida debería perder en su intento de castigar a Disney por el alto delito de discrepar públicamente con Ron DeSantis.
No se equivoquen, las acciones del gobierno de Florida contra Disney fueron motivadas directamente por el desacuerdo de la compañía con una política impulsada por DeSantis. La demanda legal de Disney está repleta de pruebas de que el gobernador y otros funcionarios de Florida atacaron a la compañía por una razón primordial: emitió una declaración en la que objetaba el Proyecto de Ley 1557 de la Cámara de Representantes, los Derechos de los Padres. en la Ley de Educación, que restringió drásticamente la instrucción sobre orientación sexual e identidad de género en las escuelas públicas de Florida.
Las declaraciones del gobernador DeSantis y otros funcionarios estatales republicanos son notablemente descaradas. DeSantis dijo que pensaba que la leve oposición de Disney, que consistió principalmente en una declaración pública y una llamada telefónica del exdirector ejecutivo de Disney, Bob Chapek, a DeSantis, medidas que varios activistas LGBT consideraron inadecuadas , “cruzaron la línea” y prometió “asegúrese de que estamos contraatacando”. Acusó a Disney de “prometer un ataque frontal a una ley debidamente promulgada del Estado de Florida”.
Las leyes no son escrituras sagradas, y si la Primera Enmienda protege algo, protege nuestra capacidad de objetar las leyes aprobadas para gobernar nuestros Estados y nuestra nación.
Pero esas declaraciones fueron solo la punta del iceberg. El representante estatal Spencer Roach dijo: “Si Disney quiere adoptar la ideología del despertar, parece apropiado que el condado de Orange los regule”. Esta declaración se refiere al castigo inicial elegido por DeSantis y los republicanos de Florida: la disolución planificada de una entidad llamada Distrito de Mejoramiento de Reedy Creek, uno de los más de 1.800 distritos fiscales especiales que salpican el paisaje de Florida.
Reedy Creek “supervisa el uso de la tierra y las protecciones ambientales” en el distrito, que abarca Disney World y varias propiedades adyacentes. Su junta designada por Disney gobernó el distrito y ayudó a potenciar el notable crecimiento de Disney World. La Legislatura de Florida finalmente le quitó el control de Reedy Creek a Disney, lo renombró Distrito de Supervisión de Turismo de Florida Central y se lo entregó a una junta designada por DeSantis.
Sin embargo, Disney respondió trabajando con la junta saliente para aprobar un acuerdo de desarrollo y convenios restrictivos que limitarían en gran medida la autoridad de la nueva junta de DeSantis.
Esta acción condujo a la siguiente ronda de represalias de Florida contra Disney. La nueva junta de DeSantis votó para anular los nuevos contratos, y el propio DeSantis reflexionó sobre cómo el estado y la nueva junta podrían ejercer su poder para castigar a Disney: “La gente dice: ‘Bueno, ¿qué debemos hacer con esta tierra?’ Así que ya sabes, es como, OK. La gente ha dicho, ya sabes, tal vez crear un parque estatal, tal vez tratar de hacer más parques de diversiones. Alguien incluso dijo, como, tal vez necesites otra prisión estatal. ¿Quién sabe? Quiero decir, creo que las posibilidades son infinitas”.
Las motivaciones no podrían ser más claras: el estado de Florida está apuntando a Disney debido a la expresión protegida constitucionalmente de la compañía.
Las prohibiciones contra las represalias del gobierno por la expresión protegida están tan claramente establecidas como prácticamente cualquier doctrina constitucional en la ley estadounidense. Pero lo que O’Hare nos muestra tan claramente como cualquier caso moderno de la Corte Suprema es la idea de que negar los beneficios del gobierno es una forma de control del gobierno, y cuando se hace con el propósito expreso de castigar un ejercicio de expresión protegida constitucionalmente, viola la Constitución de los Estados Unidos.
Al comienzo de este artículo, dije que DeSantis debería perder, no que perderá. Los resultados de los tribunales nunca son completamente seguros, pero esto es correcto: una derrota de Disney representaría un revés peligroso en la jurisprudencia de la Primera Enmienda y arrojaría una nube de miedo sobre la expresión privada. En su queja, Disney escribió: “En Estados Unidos, el Gobierno no puede castigarte por decir lo que piensas”. Eso es cierto ahora y seguirá siéndolo si Disney gana su caso. Si Disney pierde, por otro lado, la primera libertad de Estados Unidos estará en riesgo, y las guerras culturales escalarán fuera de control.
David French es columnista de The New York Times.
