El gobierno de derecha de Italia recortó este lunes los subsidios contra la pobreza introducidos hace cuatro años y recibe duras críticas como una «provocación» anunciada el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores.
La primera ministra, Giorgia Meloni, que lidera la coalición más derechista que ha gobernado el país desde la Segunda Guerra Mundial, dijo que el «ingreso ciudadano» será sustituido por un «cheque de inclusión».
Acotó a ciertos hogares que cumplan una serie de requisitos.
El gobierno afirma que este plan de subsidios es muy caro, con un coste de cerca de 8.800 millones de dólares el año pasado.
Aseguró que desincentiva a personas aptas para trabajar, especialmente a jóvenes, a buscar un empleo.
Desde que asumió el cargo en septiembre, Meloni impulsó recortes del impuesto a las empresas.
Prometió también restaurar la credibilidad económica de Italia, reduciendo la deuda contraída durante la pandemia.
«Estamos reformando el ingreso ciudadano para hacer una distinción entre los que pueden trabajar y los que no», dijo Meloni en un comunicado.
Su gobierno también facilita a las empresas la contratación a corto plazo, que los sindicatos afirman que mantiene a los trabajadores en situaciones precarias.
Promete exenciones fiscales a las empresas que contraten a personas beneficiarias de los nuevos cheques de inclusión.
El programa de ingreso ciudadano fue introducido en 2019 por el Movimiento Cinco Estrellas (M5S), una formación populista.
Lea también: Portugal instaura el derecho a la baja por enfermedad ‘autodeclarada’
Duras críticas
Sus partidarios afirman que otorga una ayuda importante a millones de hogares de bajos ingresos, en particular en las regiones más pobres del sur.
Según la Seguridad Social de Italia, el ingreso ciudadano benefició a cuatro millones de personas el año pasado, con subsidios promedio de $us 606 mensuales.
Los nuevos cheques de inclusión comenzarán a aplicarse en enero de 2024. Tendrán un coste de unos 5.400 millones de euros ($us 5.948 millones) al año.
Estarán destinados exclusivamente a hogares con menores o donde vivan personas mayores de 60 años o discapacitados, y tendrán un tope de 500 euros al mes.
El exprimer ministro de M5S, Giuseppe Conte, dijo que «un gobierno no se reúne un 1 de mayo para condenar a jóvenes a una vida de precariedad, destruyendo sus sueños de tener una casa o de tener hijos».
Roberto Fico, el expresidente de la Cámara de Diputados, perteneciente también al M5S calificó la decisión como una «provocación».
(01/05/2023)
