Alberto Otárola, primer ministro de Perú, rechazó este jueves «prácticas injerencistas» de la CIDH con su reciente informe sobre el país.
Otárola agradeció las «recomendaciones» y «sugerencias» del último informe de la CIDH). Si bien incidió en que «no se puede aceptar» que se pretenda realizar «una práctica injerencista».
«Podemos recibir un informe muy interesante, con algunas recomendaciones, con varias críticas y sugerencias”.
Pero no aceptar que se pretenda realizar una práctica injerencista en las atribuciones constitucionales de los organismos constitucionales autónomos de Perú», manifestó.
Así, el primer ministro aseguró que el Gobierno analizará las 36 recomendaciones finales recogidas en el informe de la CIDH.
Asimismo, evaluará «la aplicación de su pertinencia» de acuerdo con la propia legislación interna del país, según recoge la emisora andina RPP.
«Son recomendaciones que serán remitidas a todos los sectores y seguramente del sector Justicia se va a estar haciendo un seguimiento adecuado para poder remitir los informes», recalcó.
Rechazó el análisis realizado sobre las Fuerzas Armadas del país y reiteró el apoyo del Gobierno a las fuerzas del orden peruanas.
Otárola incidió en que el Ejército y la Policía fueron quienes han «resguardado y cuidado el orden interno» a pesar de «algunos errores».
Estas críticas del primer ministro se suman a las vertidas previamente por el ministro de Justicia, Daniel Maurate.
Maurate aseguró que el Gobierno de Dina Boluarte en ningún momento permitió el uso de armas de fuego para repeler las protestas.
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Prácticas injerencistas
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó en su último informe sobre la crisis política en Perú que se cometieron «graves violaciones» de los Derechos Humanos.
Antes que Otárola y Maurate, la propia presidenta Boluarte ya salió al paso de las acusaciones vertidas por la CIDH.
Defendió que las autoridades andinas son «respetuosas de las libertades fundamentales, incluida la protesta pacífica.
Rechazó las acusaciones sobre supuestas ejecuciones extrajudiciales.
El informe de la Comisión analiza los episodios de violencia y represión policial que se cometieron durante las protestas que tuvieron lugar entre el 7 de diciembre y el 23 de enero.
La respuesta de las autoridades a estas movilizaciones dejó cerca de 60 personas muertas, entre ellas un policía, cerca de un millar de heridos y otras varias decenas de detenidos.
La Comisión recomendó una solución dialogada para salir de esta nueva crisis, e instó al Gobierno a poner en marcha los mecanismos para investigar los hechos y resarcir a las víctimas.
(04/05/2023)
