El Primer Congreso Plurinacional de Educación, concebido como un espacio de diálogo y construcción colectiva para la transformación del sistema educativo boliviano, finalizó con un episodio que empañó su propósito original: la intervención de la fuerza pública en su sesión de clausura. Si bien la radicalidad de un sector del magisterio urbano contribuyó al escenario de conflicto, la respuesta a través de la acción policial ratifica una problemática recurrente en relación con el accionar del gobierno actual: la creciente dificultad para gestionar el disenso y la conflictividad social a través de mecanismos democráticos y participativos. Esta tendencia a recurrir a la fuerza pública no solo se observa en el ámbito educativo, sino también en espacios sindicales (congresos intervenidos) e incluso en el contexto político y económico, evidenciando una preocupante inclinación a imponer posiciones —en este caso, gubernamentales— por encima del diálogo y la construcción democrática de soluciones a los problemas sociales.
Convocado por el gobierno nacional, el Congreso Plurinacional buscaba generar un espacio de encuentro y debate entre los diversos actores del sistema educativo: docentes, estudiantes, padres de familia, organizaciones sociales y autoridades. Su objetivo central era diagnosticar la situación actual de la educación en Bolivia, analizar el Sistema Educativo Plurinacional, evaluar la formación de maestros y revisar el financiamiento de la educación en el Estado Plurinacional.
Era previsible que la predominancia sindical tuviera un sesgo reivindicatorio —característica fundamental de la lucha sindical— y, por ello, que se aproveche del magno evento para insertar demandas salariales que deberían haber sido tratadas y resueltas con anterioridad por el Ministerio de Educación. De esta manera la discusión sobre las problemáticas educativas de toda la sociedad pasa a segundo plano y el incremento de horas a los docentes se convierte en detonante del conflicto y enfrentamiento.
Además de lo anterior, otros factores incidieron en generar tensiones durante el desarrollo del evento. La entrega tardía de los documentos de trabajo, el mismo día de la inauguración, dificultó su lectura y análisis a la par del trabajo en las mesas temáticas. Asimismo, la falta de propuestas oficiales concretas sobre la Ley 070 y la presentación de un diagnóstico con una perspectiva tecnocrática, poco conectado con la realidad educativa del país, profundizaron las inquietudes de los participantes. Es dramáticamente visible que los cientos de eventos preparatorios y las miles de propuestas emanadas de los eventos regionales y departamentales, quedaron en el olvido.
A esto se sumó la ausencia de un liderazgo claro por parte del Presídium y la falta de intervención de las autoridades del Ministerio de Educación, que no previeron mecanismos para abordar los conflictos sindicales preexistentes. Diversos sectores del magisterio urbano expresaron su disconformidad tanto con la metodología de trabajo propuesta como con la falta de consideración de sus propuestas. Estas tensiones alcanzaron su punto máximo en la sesión final cuando se leían y aprobaban las conclusiones de cada una de las mesas.
La irrupción de la fuerza pública para controlar a los sindicatos de maestros, en un espacio de deliberación social como el Congreso de Educación constituye una contradicción flagrante con los principios que sustentan el derecho a la educación. La educación, como derecho humano fundamental, se basa en los pilares de la participación, la inclusión y el respeto a la diversidad. La intervención policial, en cambio, representa el uso de la coerción y la fuerza, elementos incompatibles con un proceso de construcción colectiva de una nueva educación.
Los sucesos ocurridos en el Congreso de Educación trascienden el ámbito educativo y se proyecta como un síntoma de una problemática más profunda que aqueja al Estado boliviano: la crisis del diálogo que caracteriza al gobierno del presidente Arce, en conjunción con la extrema polarización y violencia política, la crisis de confianza en las instituciones estatales y la progresiva destrucción de los espacios democráticos, hacen imposible la construcción y búsqueda de soluciones conjuntas a los desafíos económicos, sociales y políticos que enfrenta el país.
Roberto Aguilar Gómez es docente investigador de la UMSA y exministro de Educación.
