La Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) salió este jueves en defensa del vicepresidente Edmand Lara y advirtió con movilizaciones a nivel nacional si el Gobierno no elimina el Decreto Supremo 5552, norma que reestructura las funciones de la Vicepresidencia y transfiere parte de sus atribuciones al Ministerio de la Presidencia.
El presidente de Fencomin, Josué Richard Caricari, expresó su “indignación” por la promulgación del decreto y aseguró que la organización minera defenderá la institucionalidad y el respeto a las autoridades elegidas por voto popular.
“Tenemos un acta con el presidente de que se va a respetar la institución (…), están saliendo varios decretos en contra, atentando la democracia. Estamos provocando una movilización mayor”, manifestó Caricari en conferencia de prensa.
Decreto
El dirigente advirtió que, de no atenderse la demanda de eliminación del decreto, podrían activarse medidas de presión. “No podemos hacer una etapa de dictadura, sino hay que consensuar y eso le da una mayor proporción para gobernar a un presidente”, sostuvo.
Por su parte, el vicepresidente Lara presentó el martes una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) contra el Decreto Supremo 5552. Lara calificó la norma como inconstitucional y aseguró que limita sus atribuciones.
“Destroza la Constitución, pone a mi persona bajo el mando de un candidato que ha perdido las elecciones. No puedo contratar a nadie, no puedo firmar algún memorandum, no puedo disponer de nada”, declaró.
El fin de semana, el presidente Rodrigo Paz y su gabinete firmaron el Decreto Supremo 5552, que establece que parte de las funciones de la Vicepresidencia dependerán del apoyo del Ministerio de la Presidencia. La norma transfiere a cuatro ministerios 28 dependencias que antes estaban bajo tuición de la Vicepresidencia, eliminando además las unidades de Auditoría y de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
Fencomin alertó que la medida podría generar una mayor conflictividad social y pidió al Ejecutivo abrir un espacio de diálogo para evitar movilizaciones. El sector minero cooperativista se suma así a las voces que cuestionan el decreto, advirtiendo que no permitirán lo que consideran un avasallamiento a la institucionalidad democrática.
