El Decreto Supremo 5563 amplía el universo de facturas que pueden descargar los profesionales independientes, permitiendo incluir gastos cotidianos como alimentación, transporte, salud o combustible.
El Gobierno inicia un proceso de reorientación del sistema tributario con medidas que buscan aliviar la presión fiscal y fomentar la formalidad. Al mismo tiempo introduce incentivos para la reinversión de utilidades empresariales, ajustes en impuestos específicos y facilidades contables.
Álvaro Fernando Tapia, viceministro de Políticas Tributarias estuvo en el programa Piedra, Papel y Tinta para aclarar algunos puntos de este proyecto.
El viceministro comenzó recordando la gran dificultad que existía para los profesionales de poder encontrar facturas que sean vinculadas con la actividad grabada por el impuesto al valor agregado. “El profesional independiente utiliza fundamentalmente su conocimiento, utiliza su experiencia para poder prestar el servicio.
No hay una utilización de medios, de equipos, probablemente algunos médicos sí, pero no es algo que sea muy común en los profesionales independientes.”, contextualizó.
“Entonces eso hace que surja la necesidad de entender que el costo vinculado por parte del profesional para desarrollar su actividad gravada no está sólo en papel, no está sólo en la compra de equipos, de computadoras, que son muy eventuales”, argumentó.
“Entonces creo que esta es una medida justa que era necesaria para hacer un sistema tributario más equitativo, un sistema tributario mucho más favorable donde el Estado no deja de recaudar porque precisamente la idea es que los profesionales independientes que algún momento por hostigados por la presión tributaria que existía por la imposibilidad de descargar facturas pues hayan tenido que pasar a la informalidad”, argumentó.
Estas disposiciones forman parte de una agenda más amplia de reforma tributaria que incluye un proyecto de ley para reducir plazos de prescripción, condonar deudas antiguas y simplificar el ingreso al régimen general, con el objetivo de pasar de un modelo basado en fiscalización y sanciones a uno que incentive el cumplimiento voluntario, la formalización y la actividad económica.
