Bolivia es un país en el que las medidas de presión funcionan a la perfección. El diálogo previo que debería primar se convierte, por lo general, en la última herramienta para buscar la solución a los conflictos. Los paros y las huelgas se anteponen, y son consecuencia de los oídos sordos de aquellos que no quieren escuchar porque no les conviene hacerlo.
El fútbol no había sido la excepción y los jugadores agremiados también recurrieron a la huelga para ser atendidos. Eso sí —táctica habitualmente empleada en los conflictos—, buscaron por dónde hacerles más daño a sus patrones, y paralizaron el inicio del torneo Apertura de la Liga con las consecuencias que ello supone. Curiosa forma de ser huelguistas, es decir sólo negarse a entrar a la cancha a jugar un partido oficial, pero sin dejar de entrenarse, que igualmente es parte de su trabajo. Bien podía Fabol, si efectivamente no hallaba respuesta a sus antiguas demandas a pesar de sus reiterados pedidos, haber instruido a sus afiliados negarse a practicar todos a la vez o impedir el desarrollo del torneo de pretemporada. Lógicamente los efectos serían menores.
El fondo del asunto no es otro que el incumplimiento de obligaciones, en este caso de los clubes que firmaron contratos y a la larga no los respetaron. Y también es un desconocimiento a las instancias competentes —llámese Tribunal de Resolución de Disputas— a las que se debería acudir cuando se plantean diferencias contractuales.
Un trabajador cualquiera en conflicto con su empleador recurre a las leyes laborales que lo amparan esperando su turno para ser atendido, mientras tanto su vida sigue transcurriendo. Un futbolista, en cambio, goza del privilegio —uno más— de juntar a sus iguales (por una cuestión individual de uno, de dos…, pero en ningún caso de todos) para, a como dé lugar, resultar beneficiado.
El precedente (ya que podrá ser utilizado en adelante) es, sin lugar a dudas, funesto, porque se han vulnerado todas las normas: aquellas que obligan a los clubes a cumplir con los contratos firmados y las que, de igual manera, obligan a los jugadores y dirigentes a someterse, para dirimir los conflictos individuales, a las instancias competentes, por cierto reconocidas —a no olvidarlo— por la propia FIFA.
