Hace 35 años comenzaban los octavos Juegos Deportivos Bolivarianos, los primeros en Bolivia. La Paz había sido designada como sede, pero las políticas empleadas entonces y las decisiones tomadas para sacar adelante el compromiso tuvieron alcance nacional porque en juego estaba la imagen del país.
Bolivia volvió a albergar dos citas más de ese tipo, la de 1993 en Cochabamba y Santa Cruz, y la de 2009 en Sucre, pero ninguna alcanzó el nivel de organización de la primera y tampoco la magnitud de la inversión ejecutada.
Los Bolivarianos de La Paz dejaron un ejemplo de cómo debería impulsarse al deporte boliviano. Un impuesto a la cerveza —con la firme decisión de las autoridades de dar fiel cumplimiento a las disposiciones tomadas, luego de intensas gestiones que tuvieron que hacer los impulsores de los Juegos— fue la principal fuente de recaudación, que generó recursos suficientes como para apoyar las obras destinadas a levantar una nueva infraestructura deportiva, y además para solventar la preparación de una nutrida delegación anfitriona a partir de la contratación de entrenadores extranjeros especializados en cada una de las disciplinas en las que los deportistas tenían mejores condiciones. El resultado fue la cantidad de medallas de oro, plata y bronce conseguidas, que superaban el conjunto de preseas logradas juntando las seis ediciones anteriores a las que Bolivia había asistido.
Más allá de los éxitos deportivos, no es fácil imaginarse cuál hubiera sido el destino del deporte paceño sin esos Juegos, que fueron el pretexto para reconstruir el estadio Hernando Siles, el coliseo cerrado Julio Borelli y dar vida a escenarios nuevos como el velódromo de Alto Irpavi, el polígono de tiro y la pileta de natación, aunque ésta —tanto tiempo después— por fin parece ir camino a su conclusión.
Hoy por hoy el deporte mendiga recursos a partir de una ley limitante, mientras las políticas de apoyo son ciegas porque no ven las opciones para salir de la crisis. Y es porque los buenos ejemplos pocas veces son empleados.
