La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) criticó hoy una decisión judicial que prohíbe a los medios argentinos publicar declaraciones de la expareja del exfutbolista argentino Diego Armando Maradona, hasta después de finalizado el Mundial de fútbol de Brasil.
La jueza Mónica Liliana Preisz emitió una medida cautelar por la que se prohíbe a la revista Noticias, editada en Buenos Aires, publicar declaraciones de Rocío Oliva sobre la vida privada de Maradona, quien fue su expareja.
La resolución judicial, fechada el pasado 17 de junio, tiene una vigencia de 20 días y también afecta a «la totalidad de los medios públicos de información (televisivos, radiales, informáticos, revistas, periódicos, etc.)», recogió la SIP.
Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, criticó la medida cautelar que, «por salvaguardar el supuesto derecho a la intimidad de dos celebridades que han venido ventilando asuntos privados en público», supone una «censura previa» que afecta a la libertad de prensa.
Paolillo, director del semanario Búsqueda, de Montevideo, resaltó que la censura previa es una «flagrante violación de la libertad de expresión y al derecho del público a la información, como se recoge en los tratados interamericanos y en la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos».
La decisión judicial buscó frenar la publicación de declaraciones y fotografías sobre violencia doméstica aportadas por Oliva contra Maradona.
La prohibición de la censura previa está contemplada en el Artículo 14 de la Constitución argentina, así como en documentos internacionales tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, la Declaración de Chapultepec y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
