El fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, descartó hoy por la noche una intervención a la Federación Boliviana de Futbol (FBF) cuyo presidente, Carlos Chávez, fue enviado por un juez al penal de Palmasola en Santa Cruz en calidad de detenido preventivo por supuestos delitos de estafa y otros. La autoridad afirmó que el Ministerio Público develó la existencia de una organización criminal integrada por dirigentes de esa institución.
«Más allá de actitudes dilatorias de la defensa de los imputados, el Ministerio Público demostró la existencia de una organización criminal, en cuanto a la modificación de estatutos de la FBF a medida de estos señores para poder quedarse en esa entidad y realizar sus actividades ilícitas», afirmó en conferencia de prensa en la ciudad de La Paz.
Explicó que Chávez fue enviado a Palmasola por existir riesgos procesales como la fuga o la obstaculización de la investigación. Advirtió que el Ministerio Público apelará el fallo judicial contra el secretario de la FBF Alberto Lozada, beneficiado con el arresto domiciliario, arraigo, presentación de garantes y una fianza de 150.000 bolivianos.
Chávez y Lozada fueron imputados por organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas, beneficios en razón del cargo, uso indebido de influencias y estafa agravada con victimas múltiples.
Guerrero informó que en la audiencia cautelar se constataron suficientes elementos de convicción para sostener que Chávez y Lozada son autores de los delitos de los que se les acusa, sobre todo, la conformación de una organización criminal.
Reveló que la investigación estableció que varios cheques se endosaban a nombre de terceras personas, en muchos casos a nombre de los hijos de Lozada, con montos elevados de dineros de la FBF.
«Hemos podido demostrar a través de la remisión de cheques de entidades bancarias cómo se giraban cheques de la FBF a los hijos, parientes, familiares de Loada», manifestó.
