China advirtió el jueves a Estados Unidos, Australia, Reino Unido y Canadá que «pagarán» por su decisión «errada» de aplicar un boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de invierno de Pekín del próximo febrero.
Washington anunció un boicot a comienzos de semana, denunciando las violaciones de derechos humanos en China y que el tratamiento de la minoría musulmana de los uigures constituye un «genocidio».
El Reino Unido, Australia y Canadá anunciaron el miércoles que se sumaban al boicot diplomático de este evento deportivo.
Pese a que la medida solo implica no enviar delegados del gobierno y no impedirá viajar a los atletas, Pekín amenazó el jueves con represalias.
«La utilización por parte de Estados Unidos, Australia, el Reino Unido y Canadá de la plataforma olímpica para una manipulación política es impopular y aislacionista e inevitablemente [estos países] pagarán el precio de sus acciones erradas», dijo a la prensa el portavoz del ministerio chino de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin.
Los Juegos previstos entre el 4 y el 20 de febrero, se verán afectados por las restricciones impuestas por China a la entrada de extranjeros por el covid-19.
Esto implica que pocos dignatarios viajarán al evento, con la notable excepción del presidente ruso Vladimir Putin, que aceptó la invitación de su homólogo chino, Xi Jinping.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, confirmó también su presencia, según anunció este jueves su portavoz.
«El secretario general recibió una invitación del COI para asistir a la inauguración de los Juegos de Invierno en Pekín y la aceptó», dijo Stephane Dujarric durante su conferencia de prensa diaria.
Y Francia, por su parte calificó de «simbólico» el boicot diplomático a los Juegos.
«Hay que ser claros. O decimos: ‘hacemos un boicot completo y no enviamos atletas’, o decimos: ‘intentamos cambiar las cosas con acciones útiles'», dijo el presidente francés, Emmanuel Macron, durante una rueda de prensa.
«Somos partidarios de una posición común» de la Unión Europea, indicó por su parte el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, en una conferencia de prensa conjunta con su homólogo alemán.
Deterioro de las relaciones
Los cuatro países que impulsan el boicot han visto cómo sus relaciones con Pekín se deterioraban en los últimos años.
El Reino Unido, por ejemplo, critica a China por la represión de las manifestaciones prodemocracia en Hong Kong. El año pasado, la exclusión del gigante chino Huawei en el desarrollo de la tecnología de telecomunicaciones 5G en el Reino Unido, generó también la indignación en Pekín.
Londres tomó esta decisión después de que Washington señaló preocupaciones de espionaje.
Por su parte, los vínculos entre Canadá y China estuvieron en su peor momento a finales de 2018 tras el arresto en Vancouver de la hija del fundador del gigante chino de las telecomunicaciones Huawei, por una orden de detención emitida por Estados Unidos.
Pekín respondió con el arresto de dos ciudadanos canadienses, pero en septiembre los tres afectados fueron liberados y repatriados.
El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció el boicot ante el Parlamento, pero mantuvo la posición de los otros tres países de que los atletas deben participar.
En Otawa, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, explicó la decisión por la preocupación por «las violaciones a los derechos humanos del gobierno chino».
En el caso de Australia, los vínculos pasan por una aguda crisis en los últimos dos años por las sanciones impuestas por Pekín a los bienes australianos.
«A todo el mundo le importa un comino si vienen o no», dijo el miércoles el portavoz del ministerio chino de Exteriores.
El Comité Olímpico Internacional (COI) se abstuvo de comentar estas decisiones «políticas» y recordó que es una institución «neutral».
«La integridad de los Juegos es la integridad de las competiciones deportivas y por eso nuestra atención se centra totalmente en los atletas», dijo el miércoles Thomas Bach, presidente del COI.
Varias organizaciones de derechos humanos han apoyado este boicot diplomático y la directora para China de Human Right Watch, Sophie Richardson, lo calificó como «paso crucial para desafiar los crímenes contra la humanidad del gobierno chino hacia los uigures y otras comunidades».
Los activistas aseguran que al menos un millón de uigures y otras personas provenientes de minorías musulmanas han sido encarceladas en campos en Xinjiang, donde Pekín también está acusado de trabajos forzados y de esterilizaciones de mujeres.
China defiende que estos campos son centros vocacionales para luchar contra el atractivo que ejercen grupos de extremistas islámicos.
