El presidente de Uruguay, José Mujica, dijo hoy en una entrevista con Efe que se opone al consumo de marihuana y a la práctica del aborto, pero que prefiere legalizar ambas cosas para que no crezcan «en las sombras» y causen mayor daño a la población.
La marihuana es «una plaga» pero el narcotráfico es «mucho peor», dijo el mandatario en referencia a su proyecto de ley para legalizar el consumo y la venta de cannabis cediendo el control del sector al Estado.
«Nunca fumé marihuana porque soy de otra época y no defiendo ninguna adicción», afirmó el mandatario en su casa, una chacra (finca rural) en las afueras de Montevideo que convirtió en residencia presidencial cuando llegó al poder en 2010.
Sin embargo, para Mujica el narcotráfico es «más problema» que el consumo de marihuana o de otras drogas porque «tiende a multiplicar» el grado de violencia en la sociedad «y es una enfermedad que corroe por abajo».
«Planteamos la hipótesis de regular el mercado de la marihuana como una tentativa para arrebatarlo (a los narcotraficantes)», se justificó.
Además, la legalización «permitirá tratar a los consumidores problemáticos» porque «si se mantienen clandestinos o escondidos» no se puede hacer «nada» por ellos, recalcó.
La humanidad «hace 100 años que reprime» el consumo de drogas y «no plantea ninguna otra alternativa» y los hechos «demuestran que estamos fracasando», señaló Mujica.
Hay que «tener la audacia de plantearse nuevas variables» porque el consumo «en las sobras es mucho peor», opinó.
Un proyecto de ley presentado el año pasado y que es analizado en el Parlamento autoriza al Estado a asumir «el control y la regulación de actividades de importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución de cannabis o sus derivados».
Según cifras de la Junta Nacional de Drogas, el 20 % de los uruguayos de edades entre los 15 y los 65 años consumió marihuana alguna vez en su vida y el 8,3 % la consumió en el último año.
Sobre el aborto, Mujica dijo que «pasa algo parecido». Contra ese fenómeno «estamos todos», pero «por trabas sociales, problemas económicos u otros» se seguían realizando abortos «en las sombras».
El año pasado el Parlamento uruguayo despenalizó la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación siempre que se sigan ciertos procedimientos regulados por el Estado.
La paciente debe pasar por una comisión técnica que la asesora sobre sus riesgos e incluso sobre la posibilidad de culminar su embarazo y dar al niño en adopción.
Después tiene cinco días para reflexionar y si luego ratifica su voluntad se le practica el aborto farmacológico y siguiendo los criterios recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En enero pasado, primer mes de la aplicación efectiva de la ley, se realizaron unas 200 interrupciones de embarazos en Uruguay.
A pesar de que hasta el año pasado estuvo penado por la ley, en el país se practican más de 30.000 abortos anuales, según cifras oficiales, aunque la realidad podría doblar ese número de acuerdo con organizaciones no gubernamentales.
La legalización «saca el problema de la sombra y nos permite tratar de incidir» para que la mujer «vaya hacia atrás en su decisión (de abortar)», argumentó Mujica.
La idea primaria es «tratar de ayudarla» y eventualmente «convencerla» de evitar el aborto, porque «muchas veces» hay un problema de falta de medios, soledad, falta de información o prejuicios familiares», agregó el mandatario, para quien con la legalización del aborto «se salvan mas vidas».
