La OEA sugiere a los Gobiernos de las Américas que consideren despenalizar el consumo de drogas en un esperado informe sobre el problema regional, que concluye que hay «signos» en favor de la legalización de la marihuana, pero ningún «apoyo significativo» para hacer lo mismo con otras sustancias.
El estudio fue encargado a la Organización de Estados Americanos (OEA) por los presidentes del continente durante la Cumbre de las Américas en abril de 2012 y entregado hoy en Bogotá por el secretario general del organismo, José Miguel Insulza, que lo presentará el lunes.
«La despenalización del consumo de drogas debe ser considerada en la base de cualquier estrategia de salud pública», señala el informe, que recomienda avanzar hasta ese modelo mediante métodos transicionales, como los tribunales de drogas, «la reducción sustantiva de penas y la rehabilitación».
Los tribunales de drogas, que existen en EE.UU. y comienzan a implantarse en México y Chile, promueven la sustitución de las penas de cárcel por un tratamiento controlado para el adicto, que según el documento «es un enfermo crónico que no debe ser castigado».
«Las medidas restrictivas de libertad son antagónicas de este enfoque (de salud pública) y sólo deberían usarse cuando esté en riesgo la vida del adicto o cuando su conducta constituya un riesgo para la sociedad», agrega el análisis que encabeza el informe, escrito por el propio Insulza.
La OEA subraya que los planteamientos del informe «no constituyen una conclusión, sino el inicio de un debate largamente esperado», cuyas «conclusiones definitivas» corresponden «a los destinatarios» del informe, es decir, los Gobiernos del continente.
Por tanto, las «reflexiones» que cierran el informe pretenden servir como base de un debate que comenzará en la Asamblea General de la OEA a principios de junio en Guatemala.
Si bien el estudio aboga por la despenalización del consumo para no tratar al adicto como delincuente, es más cauto en cuanto a la legalización de la producción y el tráfico de las sustancias.
«Corresponde evaluar los signos y tendencias existentes, que se inclinan a que la producción, venta y consumo de la marihuana puedan ser despenalizados o legalizados. Tarde o temprano deberán tomarse decisiones al respecto», apunta el documento.
«Nuestro informe, en cambio, no encuentra ningún apoyo significativo, en ningún país, para la despenalización o legalización del tráfico de las demás drogas ilegales», subraya.
El texto desaconseja implementar «cambios drásticos y dramáticos» en las legislaciones nacionales, pero sí cree necesaria una «mayor flexibilidad» por parte de los Gobiernos, especialmente a la hora de «impulsar cambios en la legislación internacional».
En ese terreno entran las convenciones de la ONU sobre drogas, donde los cambios dependerán de que «el actual sistema de control de estupefacientes y sustancias psicotrópicas se flexibilice y permita que las partes exploren opciones» alternativas.
El estudio, que en total consta de unas 400 páginas y ha sido elaborado con la colaboración de todos los países del continente, apunta además al «necesario y urgente fortalecimiento del conjunto de las instituciones y de la presencia del Estado» para afrontar la violencia y la inseguridad que generan los grupos criminales.
En una segunda parte, el estudio delinea una serie de escenarios y opciones para la estrategia antidrogas desde ahora hasta 2025, dependiendo de las políticas que tomen los Gobiernos de la región.
Una de ellas analiza qué ocurrirá si se concluye que el sistema actual «está causando demasiado daño» y «se decide probar regímenes legales alternativos, iniciando con el cannabis».
Ese enfoque enfrentaría retos en cuanto a «la transición de mercados criminales hacia mercados regulados», que podría aumentar el «uso problemático» de las drogas, la necesidad de «lidiar con los nuevos mercados criminales» y las «nuevas tensiones» que se generaría entre los Gobiernos, pronostica el documento.
Otro escenario posible es el de «ruptura», que implica que los países donde se producen las drogas y por los que transitan, cansados de pagar «costos sociales insoportables e injustos», «abandonan unilateralmente la lucha contra (o llegan a aceptar) la producción y el tránsito de drogas en su territorio».
Esa estrategia «permitiría la expansión de los mercados y ganancias de las drogas» y «desataría «conflictos por violaciones a los tratados internacionales», alerta el documento.
Un tercer escenario se enfoca en el «fortalecimiento de las comunidades y la mejora de la seguridad y la salud públicas», y otro estudia qué pasará si los Gobiernos siguen centrándose en fortalecer las instituciones estatales, lo que presenta inconvenientes como «una cooperación internacional dispersa y vacilante».
