Argentina reglamentó hoy la recientemente aprobada ley para incentivar el blanqueo de ahorros no declarados en divisas extranjeras, iniciativa impulsada por el Gobierno de Cristina Fernández.
La Administración Federal de Ingresos Públicos publicó hoy en el Boletín Oficial una resolución que indica que el período para la exteriorización voluntaria de los ahorros no declarados estará vigente hasta el próximo 30 de septiembre.
Según la resolución, quienes se adhieran al blanqueo no estarán obligados a informar al Fisco la fecha de compra de las tenencias ni el origen de los fondos con los que fueron adquiridas.
Asimismo, estos contribuyentes quedarán liberados de toda acción civil, comercial y penal tributaria por no haber declarado hasta ahora esos ahorros y quedarán eximidos del pago de los impuestos que hubieran omitido pagar por esos ahorros.
La nueva ley de blanqueo fue aprobada por el Parlamento el pasado 29 de mayo, gracias a la mayoría oficialista en el Congreso y con un fuerte rechazo de la oposición, que asegura que la norma da vía libre a operaciones ilegales de lavado de activos, algo que el Gobierno niega.
La norma propicia la declaración de ahorros en divisas extranjeras a través de su depósito en una cuenta bancaria, dinero cuyo propietario podrá canjear por diversos instrumentos financieros y que irá a engrosar las arcas del Banco Central argentino.
Quien exteriorice sus ahorros no declarados podrá optar por un Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE) o un Certificado de Inversión (CEDIN).
Los recursos captados por esta vía serán destinados por el Gobierno a sectores productivos, como la construcción y la energía.
El BAADE se constituirá como una opción de inversión, que permitirá al tenedor de dólares incrementar el valor de su ahorro obteniendo un interés del 4 % anual.
El CEDIN, en tanto, tiene por objetivo apuntalar la actividad inmobiliaria y de la construcción, frenada por las restricciones cambiarias, constituyendo un medio de pago denominado en dólares.
Los CEDIN podrán ser cancelados en la misma moneda de su emisión por el Banco Central o la institución que la autoridad monetaria indique sólo si el tenedor acredita la compraventa de inmuebles, su remodelación o la construcción de nuevas unidades de vivienda.
