La Corte Suprema de Argentina declaró inconstitucional la elección por voto popular de parte de los jueces que integran el Consejo de la Magistratura, encargado de nombrar y remover magistrados, informó este martes el máximo tribunal.
La Corte dejó «sin efecto la convocatoria a elecciones para los cargos de consejeros de la magistratura representantes de los jueces de todas las instancias», según el texto del fallo publicado por el Centro de Información Judicial (CIJ).
El Congreso aprobó en mayo pasado una ley que establecía por primera vez la elección por voto popular de 12 de los 19 miembros del Consejo de la Magistratura, incluidos seis jueces.
La norma formaba parte de un paquete de seis proyectos enviados por la presidenta Cristina Kirchner y aprobados por el Parlamento, para poner en marcha una amplia reforma judicial con el objetivo de «democratizar la justicia», según el gobierno.
Sin embargo, la oposición y organizaciones de abogados y jueces cuestionaron las iniciativas por considerar que ponían en riesgo la independencia del Poder Judicial y se lo «politizaría» porque los consejeros serían presentados por los partidos políticos.
El fallo de la Corte, en el que seis jueces votaron a favor de la inconstitucionalidad y solo uno en contra, significa un revés para Kirchner, que asumió un compromiso personal con la aprobación de la reforma, que representa uno de los pilares de la segunda parte de su segundo mandato hasta 2015.
En sus últimos discursos y a través de su cuenta de Twitter, la mandataria ha formulado duras críticas al funcionamiento de la justicia al considerar que es corporatiza y representa a «los sectores más poderosos».
«Le temen al voto de la gente, a la expresión del pueblo. Le temen, en definitiva al ejercicio de la soberanía popular», dijo Juan Manuel Abal Medina, jefe de Gabinete, tras conocerse el fallo.
En cambio, el máximo tribunal brindó argumentos en sintonía con la de los líderes de los partidos de oposición, en especial lo referido a introducir en la arena política la elección de integrantes de un órgano judicial.
«En la práctica, la ley contraría la imparcialidad del juez frente a las partes del proceso y a la ciudadanía toda, pues le exige identificarse con un partido político mientras cumple la función de administrar justicia», señala el fallo.
La modalidad «desconoce las garantías que aseguran la independencia del Poder Judicial frente a los intereses del Poder Ejecutivo, del Congreso o de otros factores de poder, en la medida en que obliga al juez que aspira a ser consejero a optar por un partido político», añade.
El gobierno pidió la intervención de la Corte Suprema luego de un fallo de la jueza federal electoral María Servini de Cubría que había considerado inconstitucional la norma.
La elección popular de los consejeros estaba prevista por primera vez para el 11 de agosto próximo, durante las internas abiertas y simultáneas de todos los partidos que seleccionarán a los candidatos para las legislativas del 27 de octubre.
Dentro de cuatro meses los argentinos concurrirán a las urnas para renovar dos tercios de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.
La relatora especial de la ONU sobre la independencia de los abogados y magistrados, la brasileña Gabriela Knaul, había dicho que la «disposición sobre la elección partidaria de los miembros del Consejo de la Magistraura» es «contraria a varios artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos».
