La presidenta argentina, Cristina Fernández, lanzó hoy duras críticas al Poder Judicial y renovó su compromiso de «democratizar» la Justicia pese al fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional una reforma impulsada por la mandataria para la elección popular de los miembros del órgano de designación y remoción de jueces.
«Más temprano que tarde vamos a lograrlo porque es un compromiso de democratizar a los tres poderes del Estado, para que cuando se sienten frente a un juez sepan que él está controlado por quienes ustedes votaron», dijo Fernández en un acto en la ciudad de Rosario (350 kilómetros de Buenos Aires) por el Día de la Bandera argentina.
Ante miles de personas congregados ante el Monumento a la Bandera argentina, la mandataria dijo que le «cuesta creer que en este siglo XXI estén impidiendo a los argentinos votar».
Este martes, la Corte Suprema declaró inconstitucional la polémica reforma del Consejo de la Magistratura impulsada por Fernández y dejó sin efecto la convocatoria a la elección popular de los miembros de ese órgano.
En un discurso trasmitido por cadena nacional de radio y televisión, Fernández afirmó que «la voluntad popular está por sobre cualquier otro poder».
En un fallo dividido, el máximo tribunal declaró inconstitucionales cuatro artículos de la ley recientemente aprobada por el Parlamento por la que se introdujeron cambios en la regulación del Consejo de la Magistratura, órgano de designación y remoción de jueces creado por la reforma constitucional de 1994.
Los jueces supremos también declararon inconstitucional el decreto por el cual el Gobierno realizó la convocatoria para la elección de candidatos a consejeros, que iba a celebrarse en simultáneo con los comicios legislativos de este año.
«Los argentinos pueden votar y elegir libremente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo por ahora. No vaya a ser que venga una medida cautelar y no nos dejen votar. No sería extraño que dicten alguna cautelar y nos impidan votar legisladores o presidente. Si el presidente o los legisladores no son convenientes, puede que lo hagan», advirtió la mandataria.
Sostuvo que «no hay nada más importante que una sociedad democrática, donde la ley es pareja para todos, donde la igualdad consagrada por la Constitución no es letra muerta», pero advirtió que «todavía, por lo menos en algún sector de las instituciones, esto no es así».
La jefa de Estado, abogada de profesión, con mandato hasta 2015 y que este año afrontará unos comicios parlamentarios claves, lamentó que exista una especie de «derecho de veto» que la Constitución sólo le reconoce al Poder Ejecutivo y que «ahora se ha trasladado al Poder Judicial, que veta las leyes que hacen legisladores y presidentes».
«Cuando hablan de tanta reforma constitucional o de reelección, la verdad que en 2015 yo quiero ser jueza. ¿Para qué presidenta? Apenas una jueza de primera instancia, para simplemente firmar una medida cautelar y qué me importa lo que vota la gente, qué me importan los diputados, los senadores o el presidente, si voy y tumbo todo. Así que ya saben: Cristina jueza 2015», ironizó.
En ese tren, invitó a quienes piensan aspirar a cargos ejecutivos o legislativos que replanteen sus «ambiciones» por algo «más cómodo y seguro», ser magistrados, pues los jueces, sostuvo, tienen
«ventajas innumerables», no pagan impuestos, viajan sin dar explicaciones y «ni los critican porque nadie los conoce».
«Lo único que tenés que hacer es encontrar a algún gil que sea presidente para que junte la guita (dinero) que te pague los sueldos y para que te hagan los edificios», afirmó en abierta crítica a los jueces.
Fernández dijo que la carga de gobernar es «pesada» y que sabe que se la van a querer hacer «todavía más difícil porque cuando uno toca determinadas corporaciones enseguida viene el vuelto».
«Si mi rol en la historia es haber abierto el debate por una Justicia democrática en Argentina, estoy dispuesta a aguantar todo lo que se me venga encima. No tengo miedo», aseguró Fernández.
La reforma judicial fue seriamente cuestionadas por partidos de oposición, asociaciones de magistrados y de abogados, muchos de los cuales acudieron a los tribunales en contra de unos cambios que, a su juicio, suponían una «partidización y politización» de la Justicia.
