El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Henrique Eduardo Alves, dijo hoy que el Legislativo «no quiere» una Asamblea Constituyente para discutir una reforma política, como planteó el lunes la jefa de Estado, Dilma Rousseff, en respuesta a las manifestaciones que sacuden al país.
«La cámara va a hacer ese debate, pero no quiere que sea por la vía de una Constituyente, porque eso retardaría más una discusión que el Congreso tiene que hacer y debe hacer», declaró Alves, quien se comprometió a retomar el tema en el segundo semestre de este año.
Alves admitió que «el país quiere una reforma política» y que así lo han expresado las multitudinarias protestas que desde hace dos semanas sacuden a Brasil casi a diario.
Aclaró que «todas las propuestas que sean presentadas, sea por la presidenta o por la sociedad civil, serán bienvenidas» en la Cámara de Diputados, que creará «un grupo de trabajo para que, durante el segundo semestre, se pueda aprobar una reforma política».
El Congreso brasileño discute la reforma política desde hace más de quince años y ese fue precisamente uno de los argumentos que usó Rousseff para justificar su propuesta, presentada en una reunión con alcaldes y gobernadores para dar respuesta a las manifestaciones.
«Quiero proponer un debate sobre la convocatoria de un plebiscito popular que autorice el funcionamiento de un proceso constituyente específico para hacer la reforma política que el país necesita», dijo Rousseff.
La posibilidad de convocar a un plebiscito para una Asamblea Constituyente sembró dudas hoy en los partidos políticos y en el Poder Judicial, que la consideraron innecesaria, sobre todo porque ya existen proyectos de reforma política que tramitan las cámaras.
Frente a las reacciones, el Gobierno dio a entender hoy que la propuesta de la Constituyente puede ser olvidada.
Rousseff discutió hoy el asunto con el presidente del Colegio de Abogados, Marcus Vinicius Furtado, quien se opone a convocar a una Asamblea Constituyente que delibere sobre la reforma política.
El ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, quien participó en la reunión, dijo a periodistas que el Gobierno puede replantearse su propuesta y convocar un plebiscito, pero sólo para que la población opine sobre la forma y contenido que debe tener la reforma política.
Esa posibilidad fue planteada por el presidente del colegio de abogados, quien declaró a periodistas que «el Gobierno parece convencido de que la propuesta de una Asamblea Constituyente no es lo más adecuado».
En su opinión, «un plebiscito sí puede ser convocado, para que la población diga directamente qué tipo de reforma política quiere», sin que para eso sea necesario instalar una Constituyente.
