Una polémica Ley de Comunicación aprobada en Ecuador entrará en vigor mañana, martes, tras su publicación en el Registro Oficial, el libro de leyes del Estado, se informó hoy.
La normativa, que la oposición la califica como una «mordaza», fue aprobada por la Asamblea Nacional y ratificada el pasado viernes por el presidente ecuatoriano, Rafael Correa.
Fuentes del Registro Oficial, el órgano estatal encargado de publicar las leyes, indicaron hoy que el cuerpo legal, que llegó esta tarde a la dependencia, será impreso y entrará mañana en vigencia.
La Ley de Comunicación fue aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 14 de junio, con el apoyo del oficialista Alianza País, el movimiento político de Correa que copa cien de los 137 escaños del parlamento unicameral ecuatoriano.
La normativa incluye la figura del «linchamiento mediático», que se produce por medio de la publicación reiterada de informaciones con el fin de desprestigiar o reducir la credibilidad pública de personas físicas o jurídicas.
La ley también crea la Superintendencia de Información y Comunicación, que se encargará de la «vigilancia, auditoría, intervención y control» y tendrá «capacidad sancionatoria» sobre la actuación de medios de comunicación.
También el Consejo de Regulación de Medios, que tendrá atribuciones en materia de acceso a la información, contenidos y franjas horarias, elaboración de reglamentos y de informes para la adjudicación de frecuencias, entre otras competencias.
El Gobierno justifica la ley por considerar que permitirá regular los supuestos «abusos» de la prensa, mientras que para la oposición y algunos gremios periodísticos es una «mordaza» que limitará la libertad de expresión en el país.
La Unión Nacional de Periodistas (UNP) y la organización no gubernamental Fundamedios, así como entidades internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Human Rights Watch (HRW) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) han criticado la ley.
De su lado, Correa, que ha mantenido un frecuente pulso con algunos sectores de la prensa, ha defendido la normativa como un instrumento que «busca una prensa libre e independiente, que informe y comunique, no que defienda intereses privados».
