El Gobierno de Brasil hará recortes presupuestarios o subirá los impuestos para compensar cualquier alza del gasto social en respuesta a las protestas que sacuden a todo el país, según el ministro de Hacienda, Guido Mantega.
En una entrevista publicada hoy por el diario O Globo, Mantega recalcó el compromiso del Gobierno con sus metas fiscales, pese a las demandas de los manifestantes por mayor gasto en salud y educación, menores precios del transporte público y una mejora de su calidad.
El ministro dijo que cualquier medida en ese sentido será compensada «con un corte de gastos u otro impuesto», aunque aclaró que aún no sabe qué tasa podría aumentar en ese caso.
Este viernes, el real se depreció un 1,63 % frente al dólar debido al temor de los inversores de que el deseo de la presidenta Dilma Rousseff de calmar los ánimos de los manifestantes con un aumento del gasto social agrave el déficit presupuestario del país.
La moneda brasileña ha caído casi un 14 % desde mediados de abril, también por las indicaciones de la Reserva Federal de que reducirá los estímulos monetarios, lo que hace más atractivos los activos en dólares.
Mantega aseveró que el tipo de cambio ahora perjudica a Brasil, pero dijo creer que se trata de una «turbulencia pasajera».
Según O Globo, la aprobación de los proyectos presentados en respuesta a las reclamaciones de los manifestantes acarrearían gastos por 50.800 millones de reales (unos 22.800 millones de dólares) para el erario público.
La mayor partida sería con la propuesta legislativa de dedicar el 10 % de los Ingresos Corrientes Brutos del Estado a la Salud, que ascenderían a entre 35.500 y 40.000 millones de reales (entre 15.900 y 17.900 millones de dólares).
Para este domingo están convocadas otras dos manifestaciones que se dirigirán al estadio Maracaná, donde Brasil y España disputarán la final de la Copa Confederaciones de fútbol
Algunos de ellos ya se han comenzado a congregar en la Plaza Saens Peña, en el barrio de Tijuca, cerca del estadio.
Las protestas, las mayores llevadas a cabo en varias décadas en Brasil, se extendieron por todo el país en las últimas tres semanas a partir del detonante del alza de precio del transporte público en Sao Paulo.
Ahora cuentan con una larga lista de reivindicaciones, como exigencias de mayor inversión pública en educación y salud, y críticas a la corrupción y al elevado costo de la organización de la Copa Confederaciones y del Mundial de 2014.
