El gobierno brasileño entregó el martes al Congreso una solicitud de plebiscito destinado a promover una reforma política y responder a las protestas que exigen mejores servicios públicos y piden el combate a la corrupción y a las malas prácticas políticas.
La propuesta de plebiscito de la presidenta Dilma Rousseff fue entregada por el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, y el vicepresidente, Michel Temer, al presidente del Congreso, Renán Calheiros, informó la oficial agencia Senado.
«Calheiros informó que trabajará para que los eventuales cambios resultantes del plebiscito sean aplicables ya en las elecciones de (octubre de) 2014», dijo la agencia Senado, aunque destacó que dependerá de la voluntad de los congresistas. Cardozo sostuvo que el mensaje de Rousseff solicitando la convocatoria del plebiscito propone cinco temas para la reforma política: financiamiento de campañas; el sistema de voto que se aplicará a la elección de los legisladores; mantener o no la elección de un suplente de senador; reglas para las coaliciones de partidos; y reglas para el voto secreto, que podría llegar a su término.
«Lo que el Ejecutivo está haciendo es una mera sugerencia. Quien conducirá (el proceso) desde el inicio hasta el fin es el Congreso», dijo el vicepresidente a los periodistas.
Las protestas callejeras iniciadas hace tres semanas en el país reclaman una educación, transporte y salud públicas de mejor calidad, y cargan contra los políticos y la corrupción. Rousseff propuso la semana pasada un pacto nacional con gobernadores y alcaldes para mejorar los servicios públicos y garantizar el equilibrio fiscal, así como la convocatoria a un plebiscito para impulsar una reforma política, que según la encuestadora Datafolha es aprobada por 68% de la población. Quien puede aprobar o no la convocatoria de un plebiscito y la propia reforma política es el Congreso, donde la coalición de gobierno de Rousseff es mayoritaria, pero poco fiel. La presidenta busca que el plebiscito y la reforma política sean realizados antes de octubre, un año antes de las elecciones de octubre de 2014, como exige la ley.
La oposición se opone al plebiscito y muchos políticos defienden plazos mayores para reglas aplicables en elecciones posteriores.
