La ONU exhortó al Estado chileno a cesar en la aplicación de la severa y “discriminatoria” Ley Antiterrorista contra indígenas mapuches que protestan por reivindicaciones sociales. “Recomiendo que debería cesar todo uso de la legislación antiterrorista en conexión con las protestas territoriales mapuches”, dijo el relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo de las Naciones Unidas, Ben Emmerson.
La legislación “ha sido usada de un modo que discrimina contra los mapuches. Se ha aplicado de modo confuso, lo que ha resultado en una verdadera injusticia, ha menoscabado el derecho a un juicio justo y se ha percibido como estigmatizante”, agregó Emmerson, al concluir una visita a Chile que inició el 17 de julio.
La Ley Antiterrorista, que data de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), aumenta exponencialmente las penas respecto a la legislación ordinaria por iguales delitos. El imputado es sujeto además de significativas desventajas procesales, como la ampliación de la prisión preventiva y el uso de testigos “sin rostros”.
En las últimas décadas, la legislación ha sido aplicada en su mayoría a indígenas mapuches, la mayor etnia chilena, por sus protestas de reivindicación de tierras que reclaman por derechos ancestrales y que les fueron arrebatas tras ser sometidos por la fuerza por el Estado chileno.
En el marco de esta lucha, grupos de indígenas se enfrentan con la Policía y llevan adelante ataques incendiarios, principalmente en La Araucanía (sur). En esa región habita la mayor parte de los casi 700.000 mapuches que viven hoy en Chile, sobre una población total de 16 millones de habitantes, agrupados en unas 3.000 comunidades, con niveles de pobreza que doblan al resto de la población.
No es la primera vez que la ONU insta al Estado chileno a no aplicar esta normativa contra los indígenas. En 2009, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU le pidió al Chile que revisara la norma y evitara su aplicación a mapuches por actos de protestas sociales. Desde esa fecha, sin embargo, varios mapuches han sido sometidos a esta legislación, instaurada por Pinochet para hacer frente a los movimientos de resistencia a su dictadura.
