Holanda, España y algunos estados de Estados Unidos permiten la producción, cultivo en clubes o consumo con restricciones de marihuana, según los casos, pero de aprobarse el proyecto que debate Uruguay, se convertiría en el primer país en el mundo cuyo Estado controla la venta al consumidor.
«La venta por parte del Estado de cannabis a los consumidores registrados es algo inédito a nivel mundial», indicó a la AFP Ivana Obradovic, a cargo del estudio de políticas públicas y su evaluación en el Observatorio francés sobre drogas y toxicomanías (OFDT).
Hasta ahora el mundo ha transitado modelos de legislación donde se permite el autocultivo con fines recreativos, como el caso de los estados Colorado y Washington en Estados Unidos y en España -con clubes sociales de cannabis- y Holanda, donde existen desde 1976 los históricos «coffee shops», empresas privadas venden la droga.
El proyecto impulsado por el presidente José Mujica es más ambicioso y prevé que el Estado asuma el control de todo el proceso de producción y venta de cannabis.
El proyecto uruguayo ha despertado amores y odios en la comunidad internacional, que en los últimos años ha desarrollado un intenso debate sobre el tema.
El gobierno uruguayo ha enmarcado el plan en la postura de la Comisión Global de Política de Drogas -integrada por los ex presidentes de Brasil Fernando Henrique Cardoso, de Colombia César Gaviria y de México Ernesto Zedillo, entre otros- que sostiene que la guerra frontal a las drogas ha fracasado.
Cardoso elogió recientemente el proyecto uruguayo ya que «no parece centrar esfuerzos en lucrar, sino en la promoción de la salud y seguridad pública».
Un poco más cauteloso pero igual de abierto al debate sobre legalización de la droga se posicionó la Organización de Estados Americanos (OEA), que en un reciente informe planteó distintos escenarios futuros, uno centrado en la mejora de la salud pública, otro en la seguridad y un tercero en la experimentación de regulación.
El 22 de julio el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, visitó Uruguay para presentar el proyecto y dijo a periodistas que cree que el país sudamericano está «en condiciones de probar políticas nuevas en materia de drogas».
En la vereda de enfrente, el Órgano Internacional de Control de Estupefacientes (OICS), organismo de la ONU, ha manifestado su «preocupación» por el proyecto uruguayo, al considerar que violaría los tratados internacionales sobre control de drogas, ratificados por el país sudamericano.
