La Gobierno brasileño sancionó la ley que garantiza la atención médica y el apoyo psicológico en el sistema público de salud a las víctimas de una violación. El ministro de Salud, Alexandre Padilha, señaló que la ley, a la que se oponían algunos grupos religiosos, fue aprobada por unanimidad en el Congreso y para entrar en vigor sólo faltaba la sanción de la presidenta Dilma Rousseff, que apareció publicada ayer en el Diario Oficial de la Unión.
Padilha informó además que esta ley considera como violencia sexual “cualquier forma de actividad no consentida” a efectos de ofrecer atención médica a las víctimas. A partir de ahora, los centros médicos deberán administrar a la mujer violada la píldora anticonceptiva o “del día después” hasta 72 horas después del crimen, así como realizar las pruebas del sida a cualquier persona vejada.
La secretaria de Políticas para las Mujeres, Eleonora Menicucci, dijo que “los daños a la salud física y mental de quien sufre una violación son inconmensurables y requieren de una acción efectiva y comprometida del Estado”, como es el caso de esta nueva norma, que había sido fuertemente resistida por grupos cristianos que creen que el texto puede incentivar a la práctica del aborto.
