Francisco reforzó la vigilancia de las operaciones financieras del Vaticano, a través de un motu propio (decreto papal) que introduce nuevas medidas contra el blanqueo de capitales y el reciclaje de dinero sucio.
La iniciativa supone una continuación de las ya aprobadas en materia de prevención y lucha contra actividades ilegales en terreno financiero y monetario por el anterior papa, Benedicto XVI, el 30 de diciembre de 2010.
A través del decreto, se establece que las leyes que se aplican al Estado Vaticano se extienden a sus ministerios, organismos e instituciones, así como a organizaciones no lucrativas de la Iglesia, como Cáritas.
Entre las medidas aprobadas se refuerza el papel de la Agencia de Información Financiera, que se convierte también en un organismo de “evaluación y aprobación” de actividades que impliquen movimientos financieros.
“Deseo renovar el compromiso de la Santa Sede en adoptar los principios y ejecutar los instrumentos jurídicos desarrollados por la comunidad internacional, adecuando aún más el orden institucional con el fin de la prevención y la lucha contra el blanqueo, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva”, escribió el Pontífice en el decreto.
Con el documento se crea un “comité de seguridad financiera” que coordinará las actividades de la Santa Sede en materia de prevención y lucha contra el reciclaje de dinero sucio.
El motu propio demuestra la voluntad del Papa de limpiar las finanzas del Vaticano, cuyo banco ha estado involucrado durante años en operaciones oscuras de blanqueo de dinero y corrupción. Las nuevas normas, que entrarán en vigor el 1 de septiembre, se aplican a todos los miembros de la Curia, así como a todo el personal diplomático y a todos los empleados de organismos y de instituciones vinculadas con la Santa Sede.
