El Congreso uruguayo aprobó un proyecto de ley que destina el 8% de los empleos públicos en el país a la población afrodescendiente y establece incentivos para las empresas que los contraten. La nueva norma tiene el objetivo de proteger a este colectivo de la exclusión laboral y social.
El proyecto que fue aprobado ayer por unanimidad en la Cámara de Diputados pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación. Mientras que la reglamentación de la norma deberá entrar en vigencia en un máximo de 90 días.
La ley “no es una solución mágica a la discriminación, pero pretende ser un instrumento que va a ayudar a luchar contra la misma”, dijo el diputado Julio Bango, representante del gobernante Frente Amplio (izquierda).
Con relación a la discriminación racial, Bango distinguió entre la que se sustenta en valores individuales y la discriminación estructural que está arraigada en el país, que se pretende erradicar con esta norma y que lleva “a que en Uruguay las personas afrodescendientes tengan menor movilidad social” que el resto de la población.
Claudia de los Santos, directora de la organización Mundo Afro, aseguró a EFE que la situación socioeconómica del colectivo es “muy diferente a la del resto de la sociedad”, ya que muchas mujeres “siguen trabajando en el servicio doméstico y es difícil para los jóvenes conseguir trabajo por su origen, es algo discriminatorio”.
Según los datos del último censo de población realizado en 2011, los afrodescendientes en Uruguay, que tienen su origen en los esclavos que llegaron al país desde África en la época de la colonia, representan el 8% de la población, es decir unos 300.000, y el 40% de esta población está por debajo de la línea de pobreza, cifra que supera el 50% en el caso de los jóvenes menores de 18 años.
El texto apunta así a destinar el 8% de las vacantes laborales en el Estado para los afrodescendientes y prevé brindar incentivos impositivos a las empresas privadas —nacionales y extranjeras— que los contraten.
El mismo criterio se aplicará en materia educativa. El proyecto plantea un conjunto de becas, en educación inicial, primaria secundaria y universidad, para niños y jóvenes de la población que abarca la ley, algo en lo que, según el diputado oficialista Felipe Carballo, se realizará “mucho hincapié” debido al “alto abandono escolar” que presenta este sector de la población.
La norma volvió a Diputados y debió ser aprobada por segunda vez ya que el Senado le realizó modificación. Entre ellas el periodo de vigencia, que en principio se había fijado en 10 años y que pasó a 15 años. Pasado este tiempo, se presentará un informe que analice los resultados obtenidos y las tasas reales de inclusión de la comunidad. El criterio para elegir a la población que esté incluida en esta norma será el de autodeterminación, es decir que la persona es la que debe marcar si se considera afrodescendiente.
La norma también contempla realizar un reconocimiento histórico de la situación de discriminación de los afrodescendientes en el país y estudiar “el papel del colectivo en el desarrollo de Uruguay”, destacó el diputado Bango.
Total de la población
Región
La secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, dijo a EFE que en América Latina y el Caribe viven unos 46 millones de indígenas y 120 millones de afrodescendientes, cifra que casi triplica la población de los pueblos originarios de la región. EFE
