El plan del presidente José Mujica de legalizar la marihuana en Uruguay y las crecientes restricciones al tabaco y al alcohol son vistas por expertos y opositores como una paradoja, mientras las autoridades las defienden como una política coherente de seguridad y salud pública.
El politólogo Juan Carlos Doyenart opinó que “es innegable que existe una contradicción” en esas políticas gubernamentales. “El Frente Amplio (el partido oficialista de izquierda) ha seguido criterios políticos diferentes para una cosa y para las otras” con “el argumento de que legalizar la marihuana permitirá al Estado arrebatarle la circulación de esa droga a los cárteles y que los consumidores no sean tentados a obtener otras más nocivas, como la pasta base de cocaína”, remarcó.
La cocaína, más barata y adictiva que la marihuana, ha hecho estragos en los últimos años en el país y es considerada una de las razones del incremento de la inseguridad en las calles.
Para el diputado opositor Daniel Radío, en Uruguay la marihuana estaba rodeada de incongruencias, pues el consumo era legal pero el acceso ilegal. Además, advirtió, los ciudadanos deberían preguntarse ahora “quién es el legislador para decirles que no tomen cerveza o no fumen tabaco o marihuana porque les hace daño a la salud”.
El parlamentario se quejó de que “para fumar tabaco tienes que ser poco menos que ‘zapatista’ y andar con un pasamontañas y, sin embargo, se le dice a la gente por televisión que el deportista de mayor rendimiento en el partido es el jugador ‘Mac Pay’”, un whisky producido por el Estado.
Uno de los impulsores de la legalización de la marihuana, el diputado Julio Bango, recalcó que la medida no es una “liberalización del consumo, sino una alternativa al narcotráfico a través de un mercado regulado”. El plan pretende legalizar la compraventa y el cultivo de marihuana, y establece la creación de un ente estatal regulador que se encargaría de emitir licencias y controlar la producción limitada y la distribución de la droga.
proyecto. Los consumidores (de los que hay 25.000 en el país) previamente registrados podrán comprar marihuana en farmacias especialmente habilitadas, hasta un máximo de 40 gramos por mes, o cultivar en casa hasta seis plantas que produzcan no más de 480 gramos por cosecha. Bango detalló que, además de los clubes particulares, se darán licencias a productores agrícolas para abastecer al mercado actual.
Aclaró también que el proyecto forma parte de un planteamiento más global del Gobierno, una política de salud pública que afecta “a las cuatro drogas más consumidas: el alcohol, el tabaco, los psicofármacos y el cannabis”.
“Con el alcohol también tenemos problemas y queremos generar una regulación que ataque esos problemas”, como “la muerte de jóvenes por accidentes de tráfico”, dijo en alusión a otro polémico proyecto de ley oficialista presentado en el Parlamento para limitar el consumo de bebidas alcohólicas y que incluye la prohibición de las “barras libres” y las “happy hours”.
Aunque tiene dudas sobre los planes del Ejecutivo, Doyenart no cree que la legalización de la marihuana “tenga un efecto perjudicial extra sobre la salud de la población más allá del que hoy sí tiene probadamente el alcohol”, un producto del que los uruguayos “son uno de los mayores consumidores per cápita del mundo”, detalló.
Un informe del Parlamento dejó en evidencia que el consumo de alcohol y marihuana crecieron entre 2006 y 2011, mientras descendía el de tabaco.
En 2005 Tabaré Vázquez, el primer presidente del FA en la historia del país y oncólogo de profesión, lanzó una dura política antitabaco que ha intensificado su sucesor, el exguerrillero José Mujica, desde 2010 y que ha llevado al país a tener que encarar un millonario juicio contra la firma tabaquera Philip Morris en un tribunal internacional.
El consumo de cocaína
propuesta
El expresidente uruguayo y precandidato a las elecciones de 2014, el médico oncólogo Tabaré Vázquez, expresó esta semana su apoyo a una regularización del consumo de cocaína, una semana después de que la Cámara de Diputados validara la regulación de la producción y venta de marihuana en el país.
Bodas gay, apuesta por los derechos sociales
La comunidad LGBT de Uruguay denunció que sigue la discriminación
EFE – Montevideo
Uruguay oficializó el 5 de agosto una nueva apuesta por los derechos sociales con la inscripción en el Registro Civil de la primera pareja homosexual para contraer matrimonio, aunque este colectivo denunció que sigue sufriendo discriminación por sus orientaciones sexuales en el país suramericano.
La nueva norma fue aprobada el 10 de abril por la Cámara de Diputados, tras pasar previamente por el Senado, y promulgada el 3 de mayo por el presidente uruguayo, José Mujica.
Antes de promulgarse la ley, el arzobispo de Montevideo, Nicolás Cotugno, pidió a los legisladores católicos rechazar una iniciativa que a su juicio va “en contra del proyecto de Dios”.
Pese al avance que supone el nuevo marco legal en Uruguay, un país de 3,3 millones de habitantes, la comunidad LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales) uruguaya alerta de que la discriminación hacia estos colectivos aún persiste.
Desde hace dos años, seis personas transexuales han muerto asesinadas en el país, hecho que llevó a que la ONU pidiera al Gobierno que desplegara “todos los esfuerzos” para aclarar la “ola de crímenes contra transexuales en el país”.
Aprobación del aborto marca vieja tendencia
Uruguay fue pionero en la región en implementar una legislación progresista
AFP – Montevideo
Con la aprobación en octubre de 2012 de una ley que permite el aborto con pocas restricciones, Uruguay volvió a estar a la vanguardia de la liberalización de las políticas sociales en una región con fuerte influencia católica.
En América Latina sólo Cuba y Ciudad de México autorizan la interrupción voluntaria del embarazo, que también es legal en Guyana y Puerto Rico. Todos los vecinos de Uruguay lo prohíben y la llegada de gobiernos progresistas no ha puesto el tema en la agenda política.
En los últimos seis años, Uruguay también fue pionero en la región cuando legalizó la unión civil de parejas homosexuales (2007) y la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo (2009). Ese año también habilitó el cambio de nombre y sexo, y el ingreso de homosexuales a las Fuerzas Armadas.
La habilitación del aborto y el avance en materia de legislación sobre derechos de los homosexuales “es una tendencia que marca que Uruguay está poniéndose adelante de otros Estados latinoamericanos que muy probablemente sigan el curso de lo que está ocurriendo en Uruguay”, dijo Felipe Arocena, sociólogo y doctor en Ciencias Humanas.
Para el experto, podría estar reeditándose lo ocurrido a principios del siglo XX, cuando Uruguay con un Estado laico desde 1917 fue el primero de Sudamérica en admitir el divorcio por la sola voluntad de la mujer (1913) o en permitir el voto femenino (en un plebiscito local de 1927). También fue uno de los primeros en abolir la pena de muerte (1907). En ese periodo se aprobaron, además, avanzadas normas laborales, como la ley de ocho horas (1915) y de seguridad social, en la década de 1920.
