El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, anunció un polémico proyecto de reforma constitucional que permitirá a la petrolera estatal Pemex asociarse con privados bajo el modelo boliviano para la exploración y extracción de hidrocarburos, conservando la empresa en manos del Estado.
La reforma para modernizar a Pemex, que ha atravesado una fuerte caída de producción en los últimos años, prevé modificaciones de los artículos 27 y 28 de la Constitución para que la compañía pueda celebrar “contratos de utilidad compartida” con empresas privadas en exploración y extracción.
La iniciativa —que es la decisión política más representativa desde que el Mandatario asumió el poder en diciembre de 2012— también propone otorgar “permisos” para que Petróleos Mexicanos (Pemex) se asocie con particulares en refinación, petroquímica, transporte y almacenamiento, actividades que hasta ahora asumía completamente la compañía estatal.
“El petróleo y los demás hidrocarburos continuarán como patrimonio exclusivo de la Nación” y Pemex seguirá siendo una empresa “100% propiedad de la Nación”, recalcó Peña Nieto en la presentación de la iniciativa.
El secretario (ministro) de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, sostuvo que el Gobierno debe buscar nuevas inversiones en tecnología al no haber podido compensar el agotamiento de los yacimientos convencionales pese a que la inversión pública en el sector “se ha sextuplicado en los últimos 15 años”.
De 3,4 millones de barriles diarios en 2004, la producción de la estatal pasó a 2,5 millones el año pasado, lo que sitúa a México como el décimo país productor mundial, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo, a la que no pertenece. Las reservas probadas de México también disminuyeron 31,2% entre 2003 y 2012, pasando de 20.077 a 13.810 millones de barriles.
México buscará ahora explorar las aguas profundas (profundidad de entre 500 y 1.500 metros) y ultra profundas (más de 1.500 m) del Golfo de México (este), de las cuales aún no ha podido extraer crudo. “Debemos permitir, como Brasil, Colombia y muchos países más, que otras empresas que tienen la experiencia para extraer el petróleo de aguas profundas y de rocas de lutitas complementen a la empresa” estatal, subraya la iniciativa.
Contratos. Bolivia, Ecuador e Irán son los únicos países del mundo que han optado por los “contratos de utilidad compartida” para la inversión privada en el sector petrolero, aseguró tras la ceremonia Enrique Ochoa, subsecretario de Hidrocarburos.
Esos acuerdos establecen que “el sector privado corre con los riesgos de inversión y del proyecto en general, además de que contribuye con talento tecnológico y humano” y el Estado decide “qué porcentaje de la utilidad le toca al inversionista”, señaló. Hasta el momento, Pemex sólo tiene contratos de servicios en diferentes etapas de la cadena de producción, y los riesgos los corre exclusivamente la estatal.
El texto también dará a Pemex —que actualmente aporta un tercio de todos los ingresos públicos de México— un nuevo régimen fiscal y mejorará la transparencia del gigante estatal, aquejado de problemas de corrupción.
Peña Nieto auguró que la producción petrolera mexicana podría incrementarse con su reforma a tres millones de barriles en 2018. Sin embargo, expertos apuntan a que se debe esperar a tener mayores detalles de la propuesta para vislumbrar si implica un cambio de fondo. “El Presidente generó la expectativa de que el modelo iba a cambiar radicalmente y creo que no es el caso. No se explican con claridad cuáles serán los incentivos para llegar a una inversión internacional mucho más fuerte”, dijo David Shields.
Contratos no son atractivos
“Los contratos de utilidad compartida no son los preferidos de las compañías operadoras internacionales, porque no permiten a las empresas contabilizar las reservas (hidrocarburíferas) como suyas”, dijo a la AFP David Shields, consultor experto de la industria petrolera.
Izquierda ve intento de privatización
AFP, EFE
La reforma de Pemex, un símbolo de la soberanía de México desde la nacionalización del petróleo en 1938, despierta sospechas en la izquierda política y en sectores sociales que ven detrás una intención de entregar rentas petroleras al sector privado.
El presidente Enrique Peña Nieto expresó su voluntad de que su reforma sea aprobada en el marco del inédito acuerdo legislativo entre Gobierno y oposición conocido como “Pacto por México”, por el que fueron consensuadas dos reformas en Educación y Telecomunicaciones.
Sin embargo, el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) se opone a cualquier reforma constitucional y presentará en los próximos días su propio proyecto de reforma. Su presidente, Jesús Zambrano, señaló incluso que el proyecto gubernamental “tiene todo el sello de privatizar y compartir la renta petrolera”.
Las críticas más fuertes de la izquierda las formuló Andrés Manuel López Obrador, excandidato presidencial y líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena). López Obrador citó al expresidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) al declarar: “Quien entrega los recursos naturales del país a extranjeros es traidor a la patria y eso es ese mequetrefe de Peña Nieto, un traidor a la patria”.
