Una corte colombiana condenó a 40 años de cárcel a cuatro militares y un civil por el asesinato de un adolescente a quien los uniformados aseguraron haber abatido en combate, informaron este jueves fuentes judiciales.
Los acusados habían sido absueltos en primera instancia por un juez de Valledupar en febrero pasado, pero la Fiscalía apeló el fallo y el Tribunal Superior de esa ciudad del norte del país los sentenció por el homicidio de Aldemar García, de 17 años.
Tras la decisión, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI) capturaron a uno de los condenados, el suboficial Rodrigo Garzón, señaló el organismo investigador en un comunicado este jueves.
El joven fue asesinado el 23 de enero de 2008 en una finca de la localidad de Codazzi, en el departamento caribeño de Cesar.
García «fue presentado como muerto en combate por tropas del Ejército que se encontraban en el lugar para confirmar información recibida sobre la presencia de sujetos armados en el sector, versión que fue desvirtuada por la Fiscalía», agregó el reporte.
Durante el juicio, un soldado que actuó como testigo reveló que los militares dieron muerte al menor para obtener como premio días de permiso en el batallón al que estaban adscritos.
Con ese fin los soldados contactaron al civil condenado, quien engañó al muchacho con una falsa oferta de trabajo, y luego del homicidio colocaron a pie del cadáver una escopeta y una bolsa con marihuana.
Los uniformados adujeron que la víctima no había atendido una orden de detención, por lo que procedieron a dispararle señalando que en la zona operaban grupos irregulares.
La Fiscalía colombiana investiga unas 3.000 presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas en la última década, que involucran a cerca de 2.000 militares que habrían hecho pasar a las víctimas como miembros de grupos ilegales muertos en enfrentamientos.
Esa práctica, conocida como «falsos positivos», tenía como fin obtener prebendas como condecoraciones, tiempo de descanso o felicitaciones de los mandos castrenses, según el organismo investigador.
La Fiscalía trata de establecer si se trató de «patrones institucionales de algunos sectores del Ejército», si bien descarta que haya sido una política de Estado durante el gobierno del presidente Alvaro Uribe (2002-2010), que aplicó un modelo de mano dura contra las guerrillas izquierdistas.
