Con la celebración este miércoles de una audiencia pública informativa, el Supremo argentino afronta la recta final para expedirse definitivamente sobre la ley de medios audiovisuales, que enfrenta desde hace tres años y medio al Gobierno de Cristina Fernández y a Clarín, el mayor grupo de medios del país.
El Palacio de Tribunales, en Buenos Aires, acogerá la celebración de la audiencia, en la que la Corte Suprema dará a las partes la posibilidad de exponer sus argumentos y en la que también intervendrán organizaciones no gubernamentales que aportarán su opinión.
La audiencia será transmitida en directo a través del sitio web del Centro de Información Judicial, que depende de la Corte Suprema, y podría prolongarse hasta el jueves, según medios locales.
El debate se iniciará con las exposiciones de las organizaciones no gubernamentales en respaldo de una u otra parte -diez en total, con quince minutos cada una para intervenir-.
En forma independiente, se presentará además la Defensoría del Público y luego expondrán sus argumentos del Estado y de Clarín. En declaraciones a la agencia oficial Télam, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, subrayó hoy su deseo de que la Corte «resuelva definitivamente» y la norma pueda «aplicarse en forma integral, para que lo diverso, plural y multicolor de nuestro país consiga expresarse».
«Durante muchos años el grupo Clarín estuvo acostumbrado a ser de los que mandaban, los que decidían y condicionaban el rumbo del país, los que se ponían por encima de todos los poderes del Estado, dictando sus propias reglas», criticó Sabbatella.
Ante la convocatoria de la Corte, el grupo Clarín reiteró en un comunicado que la ley, aprobada en octubre de 2009, «no sólo contradice distintos principios constitucionales» sino que «varias de sus disposiciones tampoco registran antecedentes en el derecho comparado ni se ubican en línea con los estándares internacionales».
Coincidiendo con la audiencia, la Coalición para una Comunicación Democrática (CCD), que agrupa a organizaciones no gubernamentales a favor de la ley,convocó a una concentración a las puertas de los tribunales para pedir a la Corte que se pronuncie a favor de la constitucionalidad de la norma.
«La Corte Suprema tiene que decidir si están primero los derechos humanos o los negocios de las corporaciones», indicó Néstor Buzzo, integrante de la CCD a Télam.
Representantes de la Iglesia argentina mostraron también hoy su apoyo a la ley de medios y confiaron en una «rápida sanción y posterior aplicación».
De igual forma se manifestó el relator especial de la ONU para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, quien mantuvo una reunión con la presidenta argentina y varios miembros de su gabinete en la sede del Ejecutivo argentino.
En base a la demanda presentada por el Grupo Clarín, la Cámara Civil y Comercial Federal determinó en abril pasado la inconstitucionalidad de dos artículos de la ley, pero el Gobierno apeló el fallo.
Se trata del artículo 45, referido al límite máximo de licencias que puede tener una empresa, y el 48, que legisla sobre los derechos adquiridos de las compañías antes de la aprobación de la norma.
La jefa de los fiscales de Argentina, Alejandra Gils Carbó, dictaminó en julio pasado la constitucionalidad de ambos artículos, cuestionados por el grupo Clarín y pidió a la Corte Suprema que revoque el fallo anterior.
La Corte Suprema, que solicitó el dictamen de la procuradora general, tiene ahora la última palabra en la causa, abierta a petición del grupo Clarín.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue impulsada por el oficialismo y aprobada por el Congreso argentino en sustitución de otra, sancionada en 1980, durante el último régimen militar.
La ley fija para los medios privados de difusión nacional un máximo del 35 % del mercado en cobertura de televisión de aire y un 35 % de abonados en televisión de cable, 10 licencias de radio, 24 de televisión por cable y una de televisión por satélite.
Los grupos que excedan los máximos previstos por la ley, están obligados a desinvertir.
Clarín, el grupo más afectado por la normativa, cuestiona su constitucionalidad y considera que contiene artículos elaborados como «un traje a medida» con el objetivo de «desguazar» al mayor grupo multimedia del país.
