El Gobierno británico justificó hoy la legalidad de una implicación militar en Siria, incluso sin apoyo de la ONU, alegando que se trataría de «una intervención humanitaria» a fin de evitar nuevos ataques con armas químicas.
El Ejecutivo de David Cameron divulgó hoy un documento en el que resume sus bases legales para una posible intervención de Londres contra «objetivos específicos» en Siria, antes de la votación prevista en el Parlamento para esta tarde.
En opinión de los abogados de Downing Street, ello sería «legalmente justificable» incluso en el caso de que Londres no cuente con la autorización de Naciones Unidas.
«La posición del Gobierno sobre la legalidad de cualquier acción aclara que, si es bloqueada por el Consejo de Seguridad de la ONU, estaría igualmente permitido que el Reino Unido, bajo la doctrina de la intervención humanitaria, adoptara medidas excepcionales, incluyendo la intervención con objetivos militares a fin de aliviar el sufrimiento abrumador en Siria», señala el texto.
Paralelamente, el Gobierno divulgó un segundo informe elaborado por el comité parlamentario conjunto de Inteligencia que concluye que se produjo un ataque con armas químicas en Damasco la pasada semana y determina que es «altamente probable» que el régimen de Bachar al Asad fuera «responsable».
Ese documento indica que «hay algunos datos de (los servicios de) inteligencia que sugieren la culpabilidad del régimen» de Al Asad, pues «ningún grupo de la oposición tiene la capacidad para perpetrar un ataque químico de esta escala».
El primer ministro, David Cameron, tiene previsto detallar la respuesta que propone su Gobierno ante la crisis siria en la sesión parlamentaria prevista para esta tarde, después de presidir esta mañana el consejo de ministros.
«Los ministros se mostraron de acuerdo en que es fundamental para nuestros intereses nacionales preservar la convención sobre armas químicas y aclarar que no pueden emplearse con impunidad», indicó una portavoz de Downing Street.
El contenido de ambos informes se divulgó poco antes del arranque de la sesión parlamentaria de urgencia en la que los diputados debatirán y votarán sobre el principio del uso de la fuerza en respuesta al supuesto ataque químico cometido el 21 de agosto en la periferia de Damasco contra civiles.
