La Corte Constitucional de Colombia avaló una propuesta de reforma a la Carta Magna que permitiría la entrada a la vida política del país de los guerrilleros que dejen las armas al cabo de un proceso de paz.
La enmienda, conocida como marco jurídico para la paz y que había sido aprobada por el Congreso en 2012, fue respaldada por siete de los nueve magistrados de la Corte, según un comunicado oficial que aclara que para aplicar el marco jurídico para la paz deberá cumplirse con una serie de requisitos, entre éstos la efectiva “terminación del conflicto armado” con el grupo desmovilizado y la entrega de las armas.
Además, se deberá investigar y juzgar los delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática e imputársele a sus máximos responsables. La reforma prevé la suspensión en el cumplimiento de penas a los guerrilleros que se desmovilicen, así como su participación activa en política, entre otras disposiciones.
El Gobierno ha impulsado esta reforma por considerarla la base jurídica para el proceso de paz que lleva adelante en La Habana con la guerrilla comunista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El presidente Juan Manuel Santos se declaró listo para comenzar también un diálogo con la otra guerrilla izquierdista de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Sin embargo, la delegación guerrillera en el proceso de paz criticó esa enmienda. Uno de los puntos más sensibles en los diálogos de paz es qué tipo de justicia se aplicará a los guerrilleros, y especialmente a la cúpula de las FARC, cuyos miembros han sido todos condenados en ausencia por diversos delitos.
