La Justicia chilena aceptó ayer analizar el cierre de una cárcel “de lujo” donde cumplían condena 10 militares en retiro condenados por violaciones a los derechos humanos en la dictadura de Augusto Pinochet y que fue ordenado por el presidente Sebastián Piñera.
La Corte de Apelaciones de Santiago declaró “admisible” un recurso de protección presentado el viernes en contra de la decisión del presidente Piñera, pero rechazó un recurso adicional que buscaba evitar el traslado de los presos que se concretó el sábado, informó ayer el tribunal. “La Corte ha hecho justicia. Era procedente declarar la admisibilidad”, dijo el abogado que presentó el recurso, René López.
Piñera ordenó el cierre del penal Cordillera para satisfacer a su juicio tres principios: “La igualdad ante la ley, la seguridad de los internos y el mejor y más eficiente funcionamiento de Gendarmería (policía de prisiones) de Chile”. La Corte de Apelaciones pidió ya un informe al Gobierno para evaluar si la orden de cierre se ajustó o no a derecho.
La noche del sábado, el mismo día en que se suicidó uno de los 10 reclusos que cumplía condena en el Penal Cordillera —el polémico general en retiro Odalier Mena—, se concretó el traslado hasta otra cárcel especial, Punta Peuco, donde los internos también gozan de privilegios pero tienen un régimen carcelario más restrictivo. En Cordillera, los internos vivían en cabañas y tenían acceso a piscina y cancha de tenis.
