Un representante de la Fiscalía de Paraguay denunció hoy que «hay mucha complicidad de campesinos» con el grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), al que el Gobierno atribuye el asesinato de un policía ayer tras un ataque a una comitiva gubernamental.
El agente fiscal Christian Roig, que acudió a la zona de San Pedro (centro) donde el martes un policía murió en el ataque contra una comitiva del Ministerio del Interior, expresó que el EPP «se aprovecha de la ignorancia de los campesinos, quienes son víctimas de las circunstancias», según un comunicado de la Fiscalía General.
La comitiva, en misión de capacitación policial en derechos humanos, recorría el distrito de Tacuatí, situado en el departamento de San Pedro, cuando fue atacada con armas de fuego y algunas de la balas alcanzaron a uno de los conductores en la cabeza.
El ataque se produjo en la misma zona donde el Gobierno atribuye al EPP el asesinato de cinco guardias de seguridad de una hacienda ganadera de propiedad brasileña el pasado 17 de agosto, dos días después de la asunción del nuevo presidente paraguayo, Horacio Cartes.
Los cinco fallecidos de entonces y el de este martes elevaron a 31 los muertos atribuidos por el Gobierno al EPP desde 2005.
La organización Amnistía Internacional lamentó hoy en un comunicado la muerte del policía y exigió al Gobierno paraguayo que realice «una investigación inmediata, exhaustiva, independiente e imparcial, respetando todos los estándares internacionales de derechos humanos».
«Reiteramos que el Estado es responsable de garantizar la seguridad de todas las personas en Paraguay. Insistimos que los derechos humanos deben formar una pieza central de cualquier operativo o política de seguridad del Estado», añadió la organización.
La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) repudió también el asesinato del agente y solicitó «que el Estado impulse una efectiva investigación que conduzca al esclarecimiento de este crimen».
«La violencia, sea de quien provenga, no es un medio válido para reivindicación alguna, aunque tengamos altos índices de desigualdad y pobreza en el país», añadió la Codehupy en un comunicado.
Diversas organizaciones han denunciado abusos de derechos humanos en las zonas de supuesta influencia del EPP, en las que, además de la Policía, el Gobierno ha destacado unidades militares para su combate.
