La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, afirmó hoy que «todo indica» que los gobiernos de EEUU, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, además de «miles de empresas» de esos cinco países, tienen «amplio acceso» a los datos recabados en Brasil por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA).
«Es urgente que EEUU y sus aliados cierren sus acciones de espionaje de una vez por todas», afirmó Rousseff en su cuenta de Twitter, en la que señaló que las nuevas denuncias «confirman» que esa práctica está motivada por «razones económicas y estratégicas».
Las nuevas denuncias, difundidas el domingo por la televisión Globo, indican que Estados Unidos colaboró con Canadá para espiar las comunicaciones del ministerio de Minas y Energía de Brasil.
Rousseff afirmó que el ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil «exigirá explicaciones» a Canadá, porque hay indicios de «intereses canadienses en el área de minería».
«El espionaje atenta contra la soberanía de las naciones y la privacidad de las personas y de las empresas», afirmó la mandataria, que también ordenó que el ministerio de Minas y Energía realice una «rigurosa evaluación y refuerzo» de la seguridad de sus redes.
Según la presidenta brasileña, el espionaje por intereses económicos es «inadmisible» entre países que pretenden ser socios.
«Repudiamos la guerra cibernética», agregó.
El reportaje de Globo se basa en documentos del exanalista de la CIA Edward Snowden, fugitivo de la justicia de su país, entregados al periodista estadounidense Glenn Greenwald, columnista del diario británico The Guardian que reside en Río de Janeiro.
Según los documentos, la NSA colaboró con el Centro de Seguridad de las Telecomunicaciones de Canadá para obtener datos de las llamadas telefónicas y del flujo de correos electrónicos del ministerio brasileño de Minas y Energía.
Esa cartera regula las concesiones petroleras, de yacimientos minerales, las obras de las grandes hidroeléctricas y de gestionar todo el sistema eléctrico del país.
Anteriormente, con base en documentos de Snowden, se reveló que Estados Unidos también espió a la petrolera estatal brasileña Petrobras y las comunicaciones electrónicas y telefónicas de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, y sus principales asesores.
Por esos casos, Rousseff protestó en la Asamblea General de la ONU por este caso de espionaje, que consideró «una violación» de la soberanía de su país, «una afrenta» y «una falta de respeto» que no puede justificarse en la lucha contra el terrorismo.
Debido a la sospecha de espionaje y por entender que el Gobierno del presidente de EEUU, Barack Obama, no dio suficientes explicaciones, la mandataria brasileña decidió postergar la visita de Estado que haría a Washington el 23 de octubre.
