Una ley que sanciona con penas de hasta 15 años de prisión el robo de teléfonos celulares, y con multas de hasta 25.000 dólares la comercialización ilícita de estos, la cual tiene como objetivo reducir los crímenes relacionadas con esos delitos, cobró vigencia a partir de hoy en Guatemala.
Según datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) de Guatemala, cada cuatro minutos se registra el robo de un teléfono móvil en este país, la mayoría de veces en violentos asaltos en los que decenas de víctimas han llegado a ser asesinadas por los delincuentes.
Las cifras de la Base de Datos de Teléfonos Robados (BDTR) de la Superintendencia, publicadas en febrero pasado, señalan que en 2012 fueron reportados un total de 142.745 móviles robados, un 40 % más que los 101.664 registrados en 2011.
Aunque no hay datos oficiales, se estima que de los 500 asesinatos que ocurren cada mes en este país centroamericano, al menos 10 están relacionados con el robo de teléfonos celulares.
El ministro guatemalteco del Interior, Mauricio López Bonilla, dijo este miércoles a los periodistas que la «fuerza de tarea contra el robo de celulares» de la Policía Nacional Civil (PNC), ha desarrollado varias aplicaciones tecnológicas para «reagrupar» todos los archivos que contengan información sobre los crímenes relacionados con el robo de teléfonos móviles.
«Se ha pedido apoyo a las empresas de telefonía, y hemos avanzado en la creación de aplicaciones en las que estamos integrando bases de datos para contar con información inmediata», explicó el funcionario.
La Ley de Equipos Terminales Móviles, que fue aprobada por el Parlamento el pasado 17 de septiembre, obliga a las empresas que prestan el servicio de telefonía a informar a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) sobre la identidad de las personas que adquieran un teléfono celular o un chip de activación móvil.
Esa información servirá para alimentar una «base de datos» que permitirá identificar la propiedad y uso de los móviles que sean utilizados en actos ilícitos como extorsiones o cualquier otro tipo de hechos criminales.
La normativa, que fue promovida por organizaciones sociales como medio para detener el robo de celulares y que durante más de dos años fue rechazada por las empresas de telefonía, contempla penas de seis a quince años de prisión a las personas que hurten o roben teléfonos celulares, así como de cinco a diez años a los que adquieran aparatos de «dudosa procedencia».
También sanciona con penas similares y multas de 5.000 a 25.000 dólares a quienes «alteren» equipos terminales móviles, comercialicen aparatos que hayan sido reportados como robados, hurtados o extraviados por sus propietarios.
Además, establece penas de seis a diez años de cárcel a quienes ingresen teléfonos celulares a las prisiones del país, así como a los privados de libertad que utilicen esos aparatos para comunicarse desde las cárceles en que se encuentren detenidos.
Hasta diciembre de 2012 se encontraban activados en Guatemala unos 20,7 millones de teléfonos celulares, de los cuales solo 992.000 eran pospago, y el resto de prepago.
