El Vaticano anunció hoy la adopción de la ley «para las normas en materia de transparencia, de vigilancia e información financiera», con la que busca prevenir actividades ilegales monetarias.
Esta ley, adoptada por la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano, da continuidad a las disposiciones del decreto del Governatorato y al «motu propio» (ley papal) del papa Francisco del pasado 8 de agosto.
La medida sigue asimismo la normativa ya vigente «para la prevención y el contraste de la actividad ilegal en el campo financiero y monetario», introducida también «motu proprio» por el papa emérito, Benedicto XVI, informó en una nota el Gabinete de comunicación del Vaticano.
En concreto, esta nueva ley consolida la disciplina existente en materia de prevención y lucha contra el lavado del dinero; financiación del terrorismo; vigilancia y reglamentación de las entidades que llevan a cabo una actividad de naturaleza financiera y colaboración e intercambio de información con la Autoridad de Información Financiera a nivel interno e internacional.
«Deseo renovar el compromiso de la Santa Sede en adoptar los principios y ejecutar los instrumentos jurídicos desarrollados por la comunidad internacional, adecuar aun más el orden institucional para la prevención y la lucha contra el blanqueo, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva», aseguró Francisco en su «Motu Proprio» del pasado 8 de agosto.
Según el comunicado, la ley consolida las medidas contra los sujetos que amenazan la paz y la seguridad internacional y exige la declaración de dinero en metálico por un montante igual o superior a los 10.000 euros (13.574 dólares) cuando se trata de transporte transfronterizo.
También determina las funciones, los poderes y la responsabilidad de la Autoridad de Información Financiera en el ejercicio de la función de vigilancia y reglamentación, con el fin de prevenir y luchar contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
«Se trata de un texto bien articulado y complejo, casi un texto único en materia financiera, que se inscribe en el camino de la adecuación del ordenamiento vaticano a los parámetros internacionales del ‘Grupo de Acción Financiera’ y a las recomendaciones de la ‘División Moneyval’ del Consejo de Europa», señala la nota.
A la Autoridad de Información Financiera se le atribuye la función de vigilancia «prudencial» y a la institución del Comité de Seguridad Financiera la de extender la disciplina en materia de lucha contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo también a los dicasterios (ministerios) de la Curia Romana y a otros organismos y entidades dependientes de la Santa Sede.
También están bajo dicha jurisdicción las organizaciones sin ánimo de lucro que tengan personalidad jurídica canónica y que tengan sede en el Estado de la Ciudad del Vaticano, agrega la nota.
«La combinación dispuesta en la ley vaticana y en el procedimiento canónico permite extender el ámbito de la presente reforma del Estado de la Ciudad del Vaticano a la Santa Sede», subraya la nota, que describe la iniciativa como un «compromiso reformador».
