El expresidente peruano Alberto Fujimori asistió hoy con mejor semblante a la audiencia del proceso que se le sigue por el desvío de fondos públicos para comprar la línea editorial de diarios sensacionalistas, en la que se acordó llamar a declarar a su exasesor Vladimiro Montesinos.
Durante la segunda audiencia del proceso oral que se le sigue al exmandatario por este caso, el tribunal aceptó el pedido de la procuraduría para que Montesinos ofrezca su testimonio.
La justicia peruana ya condenó en 2005 a 29 personas por este caso, entre ellos a Montesinos, quien fue sentenciado a 8 años de prisión, y los exgenerales Elesván Bello y José Villanueva, por los delitos de peculado (mal uso de fondos públicos) y asociación ilícita para delinquir.
La Fiscalía ha pedido ocho años de prisión y el pago de un millón de dólares por reparación civil para Fujimori por el desvío de 122 millones de soles (43 millones de dólares) del presupuesto de las Fuerzas Armadas hacia el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), manejado entonces por Montesinos.
Con esos fondos, el entonces asesor pagó miles de dólares a los dueños de varios diarios sensacionalistas para atacar a los rivales políticos de Fujimori durante la campaña electoral del 2000.
Fujimori, de 75 años, se presentó a la audiencia de hoy con paso cansino, aunque con un mejor semblante que en la primera audiencia, cuando sufrió un cuadro de hipertensión que obligó a suspender la citación.
Por ese motivo, la audiencia de hoy fue seguida en medio de la expectativa y controversia generada por su estado de salud, ya que sus seguidores afirman que muestra el mal estado en que se encuentra, mientras que sus detractores aseguran que se trata de un show mediático.
Vestido con una camisa blanca y suéter verde claro, el exmandatario escuchó en aparente tranquilidad las exposiciones de su abogado, el fiscal y el procurador, mientras tomaba apuntes en una libreta y luego sostenía un ejemplar de la Constitución peruana.
En un momento de la audiencia, que se prolongó durante una hora, los miembros del tribunal ordenaron un receso de 15 minutos para controlar el estado de salud del procesado.
Antes de terminar la vista pública de hoy, las juezas aceptaron citar, entre otros, a Montesinos, al exfuncionario del Servicio de Inteligencia Rafael Merino Bartet y al periodista Ángel Paez.
El tribunal decidió, luego, acatar las recomendaciones médicas que señalan que Fujimori no debe permanecer más de dos horas consecutivas en un tribunal, por lo que convocó a una nueva audiencia para el jueves 7 de noviembre.
Posteriormente, el procurador Julio Arbizu declaró a los periodistas que duda que Montesinos vaya a cambiar su primera declaración en este proceso, cuando negó las acusaciones, pero enfatizó que existen otra «serie de declaraciones concurrentes que dan cuenta de que Fujimori no solo conocía del desvío de este fondo sino que él lo ordenó».
Fujimori es procesado en la sala de audiencias del cuartel policial al este de Lima en el que cumple una sentencia a 25 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado de 25 personas por los casos Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992).
Asimismo, por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, tras el «autogolpe» de Estado que dio en abril de 1992.
En una entrevista respondida por escrito y publicada hoy por el diario Correo, Fujimori admitió que «es una posibilidad» que nunca salga con vida de prisión.
En las respuestas que ofreció al cuestionario enviado por el diario, el exgobernante consideró que su permanencia de por vida en prisión «es una posibilidad» y dijo que el régimen del presidente Ollanta Humala se ha «ensañado» con su situación.
Tras criticar varias de las acciones del actual Gobierno, Fujimori dijo que «no esperaba» ser condenado, en 2009, a 25 años de prisión por los matanzas del grupo militar encubierto Colina.
El exmandatario añadió que «hoy más que nunca» cree que es «un preso político y un rehén de la clase política tradicional», algo que fue rechazado por el procurador Arbizu, quien declaró que en Perú «no hay presos políticos».
