El extenso conflicto entre el gobierno argentino y el grupo Clarín se remonta al primer mandato de la presidenta Cristina Kirchner (2007-2011) y se intensificó a partir de 2009 con la sanción de la ley de medios audiovisuales, declarada constitucional este martes por la Corte Suprema de Justicia.
– 2009:
20/8: El gobierno anuncia que financiará la televisación gratuita de la primera división del fútbol argentino, que durante décadas estuvo a cargo de una de las empresas del Grupo Clarín.
10/9: Más de dos centenares de inspectores realizan un gran operativo fiscal en empresas y casas particulares de directivos de Clarín.
11/9: La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condena el operativo y lo califica de «intimidatorio».
10/10: El Congreso sanciona por amplia mayoría la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que busca frenar la concentración de medios.
26/10: Clarín plantea ante la justicia la inconstitucionalidad de los artículos 41 (sobre el tope de licencias de los medios) y 161 (sobre el plazo de desinversión de señales cuando un medio supera el límite) de la ley.
15/12: El juez de primera instancia Edmundo Carbone dicta una medida cautelar a favor del Grupo y deja sin efecto la aplicación de esos artículos y en suspenso la obligación de la empresa de desprenderse de algunas licencias para adecuarse a la norma.
-2010:
14/5: Tras apelación del gobierno, la Cámara Civil y Comercial Federal mantiene vigente la medida cautelar para el artículo 161, pero revoca la suspensión del artículo 41. El Estado interpone un recurso extraordinario ante la Corte, pero es desestimado.
19/8: El gobierno anuncia la caducidad de la firma de servicios de internet Fibertel, del grupo Clarín, alegando que utilizaba la licencia «en forma ilegal», aunque la empresa sigue brindando servicios a 1,5 millón de usuarios merced a un amparo judicial.
21/9: El gobierno presenta una querella contra los directivos de los dos principales diarios argentinos, Clarín y La Nación, por supuestos delitos de lesa humanidad en la adquisición durante la dictadura (1976/83) de la única fábrica de papel para diarios.
22/9: Ante la querella, La Nación y Clarín denuncian que el gobierno pretende avanzar sobre los medios que no se alinean con el discurso oficial.
-2011:
27/3: Manifestantes bloquean la normal distribución de los diarios Clarín y La Nación por 12 horas.
12/7: El examen de ADN practicado a los dos hijos adoptivos de la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, da resultado negativo en una causa iniciada una década antes por la organización humanitaria Abuelas de Plaza de Mayo, que sospechaba que se trataba de hijos de desaparecidos robados durante la dictadura.
20/12: Un juez federal ordena la intervención de la sede de la operadora de TV por cable Cablevisión.
22/12: El Congreso sanciona una ley que declara de «interés público» el papel para diarios, lo que los principales matutinos describen como un intento de silenciar la prensa independiente.
-2012:
22/5: La Corte Suprema pone al 7 de diciembre como fecha límite de la cautelar pedida por Clarín, aunque admite que puede prorrogarse. Ante un nuevo pedido de medida cautelar, la Corte declara «inadmisible» la solicitud.
14/11: El gobierno anuncia que a partir del 7 de diciembre licitará licencias de radio y TV de toda empresa que exceda los topes fijados en la cláusula antimonopólica de la nueva ley de medios.
6/12: La Cámara Civil y Comercial federal extiende el recurso que beneficia a Clarín «hasta que se dicte una sentencia definitiva en la causa».
14/12: Herrera de Noble pide a la justicia sobreseimiento y cierre de la causa por la supuesta adopción ilegal de sus hijos, ante nuevos peritajes negativos.
-2013:
2/7: La Corte gira la causa a la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para que opine sobre la constitucionalidad de artículos cuestionados.
12/7: La procuradora se pronuncia a favor de la constitucionalidad y aconseja a la Corte que revoque el fallo de la Cámara.
28 y 29/8: La Corte Suprema realiza audiencia pública para escuchar argumentos de las partes.
29/10: Luego de cuatro años de ser aprobada la ley de medios, la Corte falla a favor de la constitucionalidad de todos los artículos.
