La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) criticó este martes el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Argentina que declaró constitucional una cláusula antimonopólica de la controvertida ley de medios impulsada por el gobierno de Cristina Kirchner, que busca «desguazar» al poderoso grupo Clarín.
«La sentencia de la Corte, de hecho, habilita al Poder Ejecutivo a aplicar su objetivo político de desguazar el Grupo Clarín, limitando severamente sus márgenes de acción», dijo el comunicado de la organización patronal de medios divulgado en Miami, Estados Unidos.
La SIP aclaró que respetaba «la resolución de la Corte pero no la compartimos, especialmente teniendo en cuenta el estado de la libertad de expresión en Argentina».
Para el organismo, la situación de la libertad de expresión en Argentina se ha «deteriorado a raíz de permanentes ataques del gobierno contra las voces críticas e independientes», dijo el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo.
El gobierno argentino, según la SIP, «ha hecho de sus continuos ataques contra el diario Clarín y los medios audiovisuales que posee, un objetivo político de primer orden, al extremo de que en actos o viajes oficiales los funcionarios, incluyendo la presidente Kirchner, portan globos, banderas y adhesivos con la frase ‘Clarín miente'».
En la actualidad, los principales medios del Grupo Clarín (Canal 13, Todo Noticias y Radio Mitre) dan cabida a muchos periodistas críticos del gobierno de la presidente Cristina de Kirchner, recalcó el organismo.
«Para la SIP, no es dable analizar esta sentencia fuera del contexto de permanente presión que el gobierno argentino ha aplicado por todos los mecanismos posibles sobre los medios y periodistas independientes o críticos», recordó Paolillo, director del semanario Búsqueda de Montevideo.
El fallo de la Corte Suprema Argentina del martes «surge en medio de una situación de ahogo económico impulsado por el gobierno contra la prensa independiente o crítica, mediante un manejo arbitrario de la millonaria publicidad oficial y la presión sobre los anunciantes privados para que no avisen en los medios que disgustan al oficialismo», indicó.
La SIP recordó que hay sentencias de esta misma Corte sobre la distribución arbitraria de la publicidad oficial, destinadas a preservar la vigencia de la libertad de prensa, que no son cumplidas por el Poder Ejecutivo, en un claro acto de desacato.
La Corte asignó al Estado un papel «incuestionable» para la «protección activa» de la pluralidad.
«También es incuestionable la realidad fáctica que muestra una fuerte concentración comunicacional hegemónica oficialista, con el descarado uso de los medios públicos para la propaganda gubernamental y la concesión de estaciones de radio y televisión a empresarios amigos del poder», señaló Paolillo.
El Grupo Clarín de Argentina, uno de los principales de América Latina, anunció que está analizando apelar ante tribunales internacionales el fallo de la Corte Suprema que avaló una cláusula antimonopólica de una ley que los obliga a desprenderse de numerosas licencias de radio y televisión.
