Un día después de declarar constitucional la ley de medios audiovisuales, el presidente de la Corte Suprema argentina, Ricardo Lorenzetti, defendió hoy la decisión del máximo tribunal, pero admitió que la disputa legal «no termina acá» y continuará con su aplicación.
«No hay muchas dudas entre los ministros (magistrados) acerca de la constitucionalidad de la ley, el problema se genera luego con su aplicación», enfatizó Lorenzetti, quien recordó que «cada parte tiene derecho a hacer valer lo que considera es su razón, en este caso el grupo Clarín u otros medios».
El presidente del máximo tribunal argentino aseguró que la ley «no afecta a la libertad de prensa» y negó tajantemente que el fallo responda a un pacto con el Gobierno, tal y como denunció el martes la diputada opositora Elisa Carrió.
«Somos muchos, tenemos opiniones diferentes y cualquier tipo de pacto sería absolutamente conocido», justificó el magistrado, quien recordó que un año atrás decían que «era amigo de (Héctor) Magnetto», el director ejecutivo del grupo Clarín.
Lorenzetti negó también que el fallo no proteja la libertad de expresión y dijo que «la postura tradicional de la Corte» es que «los derechos de propiedad, cuando tienen vinculación con licencias, se protegen con una indemnización».
La Corte Suprema de Argentina zanjó el martes una batalla legal de cuatro años entre el grupo Clarín, el mayor multimedia del país, y el Gobierno, al declarar constitucional la ley de medios audiovisuales.
La norma fija para los medios privados de difusión nacional un máximo del 35 % del mercado en cobertura de televisión de aire y un 35 % de abonados en televisión de cable, 10 licencias de radio, 24 de televisión por cable y una de televisión por satélite.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue aprobada por una amplia mayoría del Congreso argentino en 2009, en sustitución de otra, sancionada en 1980, durante el último régimen militar, pero sucesivas medidas cautelares frenaron hasta hoy su completa aplicación.
