El expresidente Alberto Fujimori es «el preso más caro de Perú», a pesar de lo cual ha decidido «retar» a las autoridades, afirmó hoy el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), José Luis Pérez Guadalupe.
«El interno Fujimori es el preso más caro de Perú, donde tenemos un empleado penitenciario por cada 9 internos, una cifra muy baja a nivel suramericano, mientras que en el penal de Barbadillo (donde solo el exmandatario está recluido) hay 17 empleados», enfatizó el funcionario.
Pérez Guadalupe ofreció hoy una rueda de prensa en la que mostró documentos, fotografías y un vídeo como pruebas de que Fujimori violó las reglas de reclusión al ofrecer el jueves una entrevista telefónica a la emisora local Radio Programas del Perú (RPP).
Esa entrevista fue la primera que dio el exmandatario en directo desde que fue extraditado desde Chile en 2007, aunque en las últimas semanas también emitió pronunciamientos telefónicos y envió unas declaraciones por escrito al diario Correo.
Pérez Guadalupe ratificó que Fujimori será sancionado por esta infracción, aunque dijo que el castigo será determinado en un plazo máximo de 15 días por las autoridades de la prisión.
Según dijo, la sanción puede implicar la restricción al acceso a la comunicación con el exterior, los días de visita e inclusive el aislamiento, aunque opinó que esta última medida, así como su traslado a otro penal, no debería aplicarse por el estado de salud y la edad de Fujimori, que tiene 75 años.
Como medida preliminar, las autoridades del penal han decidido pedir que el teléfono público de la cárcel sea cambiado de lugar y el corte temporal de la línea, indicó.
En las imágenes que mostró Pérez Guadalupe se puede ver que Fujimori se comunicó con RPP desde el teléfono público instalado en el puesto de salud de la prisión y que estuvo acompañado por los congresistas Julio Gagó y Kenji Fujimori, su hijo menor.
El jefe del Inpe enfatizó que ambos congresistas impidieron que los encargados de seguridad del penal cortaran la llamada, al colocarse en la puerta de entrada para formar «una barrera humana».
Añadió que Fujimori «hasta hace unas semanas no tenía ninguna sanción» pero ahora ha asumido «una actitud de retar al sistema penitenciario, al estado de derecho, al Gobierno».
Pérez Guadalupe también reveló que durante este año el exgobernante ha recibido 338 visitas de congresistas y que hoy ha enviado los informes del caso al Congreso para que se determine si Gagó y Fujimori deben ser sancionados por haber impedido la actuación de los empleados penitenciarios.
«Nuestra función es hacer cumplir la ley y eso es lo que estamos haciendo», enfatizó.
Gagó negó en una rueda de prensa posterior que se haya impedido la labor de los guardias del penal y reiteró que, en su opinión, no existe una norma que le impida a Fujimori ofrecer entrevistas.
Durante su comunicación del jueves, Fujimori afirmó que se siente «totalmente inocente y con la conciencia tranquila» con respecto a la sentencia de 25 años de cárcel que recibió por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado de 25 personas por los casos Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992).
Asimismo, por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, tras el «autogolpe» de Estado que dio en abril de 1992.
