La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, admitió ayer que la seguridad pública “es uno de los problemas más graves” del país y apostó por la construcción “de una estructura de coerción de actos criminales”.
Según una ONG, Brasil registró durante 2012 un total de 50.108 asesinatos, con un crecimiento del 7,6% con respecto a 2011, y que supuso el mayor número desde 2008.
“Brasil necesita políticas de seguridad pública que cohíban y coarten los actos criminales, y ahí no tenemos que tener ninguna cuestión que pueda interferir”, afirmó Rousseff, para quien la responsabilidad sobre la seguridad pública recae sobre el Gobierno federal, que, explicó, actúa junto con los gobiernos locales para hacer frente al crimen organizado.
