Unos 5.000 abortos se han efectuado en Uruguay en el año transcurrido desde su despenalización, pero aún hay “dificultades” para la interrupción del embarazo, de acuerdo a estimaciones oficiales y estudios de la organización Mujer y Salud de Uruguay (MYSU).
Ayer —a un año desde la entrada en vigor de la nueva ley que no legaliza técnicamente el aborto, sino que lo despenaliza siempre que se sigan ciertos procedimientos regulados por el Estado— la directora de MYSU, Lilian Abracinskas, dijo que los abortos ilegales en Uruguay llegaron a “33.000 en 2003” y advirtió sobre un “número importante” que se “siguen realizando clandestinamente”.
Con la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, expresó, se materializaron “progresos” en la defensa de los derechos de la mujer, pero al mismo tiempo se “mantienen dificultades” para “poder concretar” los abortos. Para Abracinskas, sigue habiendo mucha desinformación” entre las uruguayas sobre sus derechos y reclamó a las autoridades sanitarias “una campaña amplia y clara” para que los conozcan.
Con la nueva ley, todas las mujeres uruguayas y las extranjeras que acrediten un año de residencia en el país pueden solicitar que se les practique un aborto en cualquier centro público o privado, los cuales están obligados a hacer la intervención o a garantizar que se haga por terceros en casos de objeción de conciencia.
