Uruguay se lanza este martes a legalizar la producción y consumo de marihuana en un intento por encontrar una nueva forma de combatir el narcotráfico. El proyecto, ya aprobado por los diputados, será votado el martes por el Senado y tiene la sanción asegurada por el apoyo de la coalición Frente Amplio del presidente izquierdista José Mujica.
«Va a ser una jornada histórica porque pone a Uruguay en un rumbo de cambio de estrategias y paradigmas» respecto a la lucha contra las drogas, aseguró a la AFP el senador del Frente Amplio Luis Gallo.
El proyecto otorga al gobierno el control y reglamentación de la importación, cultivo, cosecha, distribución y comercialización del cannabis y sus derivados.
Habrá tres formas de acceder al cannabis, todos con limitaciones y tras registrarse: el autocultivo, el cultivo en clubes de membresía y el acceso a través de farmacias.
La iniciativa fue presentada hace un año y medio por Mujica dentro de una serie de medidas para frenar el incremento de la inseguridad pública, una de las principales preocupaciones en este país de 3,3 millones de habitantes.
El proyecto es sin embargo resistido por el 61% de los uruguayos, según una encuesta realizada en setiembre.
Mujica, cuyo gobierno legalizó aborto y el matrimonio gay, insiste en que se trata de un «experimento» para quitarle un mercado al narcotráfico. Alega que las políticas empleadas hasta ahora no han hecho mella en el negocio de la droga ni en la violencia a la que está asociado.
«Blanquear el consumo de marihuana a 30 gramos por persona, como establece la ley, permite eliminar las redes clandestinas del narcotráfico. Si criminalizamos la marihuana le estamos entregando el negocio a los narcotraficantes», afirmó en el diario español «Más periódico» el 1 de diciembre.
El gobierno enfatiza que no se trata de una liberalización de la producción de la droga -cuyo consumo actualmente no está penado aunque sí su comercialización- sino su regulación.
Dice además que no fomentará el consumo de cannabis sino que lo controlará y la semana pasada lanzó una campaña con la consigna «Todo consumo de drogas tiene riesgos».
El consumo de marihuana es el más extendido entre las drogas ilegales y se ha duplicado en los últimos 10 años. Según las autoridades hay unos 128.000 fumadores de cannabis, aunque las asociaciones de consumidores calculan que rondan los 200.000.
Críticas de forma y de fondo
La oposición política en pleno rechaza el proyecto. Según el senador del partido Colorado Alfredo Solari «la ley tiene problemas formales y problemas de fondo».
«La certeza de que va a haber mayor disponibilidad de marihuana a nivel de la población en general me hace sospechar que va a haber también mayor disponibilidad entre niños y adolescentes y esa es la repercusión más grave», indicó a la AFP.
Solari sostiene que en todos los países donde se ha flexibilizado la guerra a las drogas el consumo aumentó y considera que en ese sentido «los controles que el Estado puede ejercer son nulos».
La iniciativa es también cuestionada por la supuesta inconstitucionalidad de artículos referidos a la creación del organismo que controlará la producción y consumo de cannabis.
El legislador advirtió además que con esta decisión Uruguay «adopta una posición distinta a la de los demás países de América, va contra el acuerdo de OEA del año pasado de que cualquier modificación que se hiciera a la política de drogas fuera en conjunto».
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), órgano encargado de vigilar la aplicación de los tratados internacionales de fiscalización de droga, expresó reiteradamente su preocupación por el proyecto uruguayo.
El Presidente de la JIFE, Raymond Yans, sostuvo el mes pasado que el proyecto vulnera la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes adoptada por 186 países, incluido Uruguay.
«La hierba de cannabis está controlada debido a sus potenciales efectos de dependencia», dijo Yans.
El proyecto divide también a los psiquiatras uruguayos, enfrentando a quienes afirman que abatirá el consumo de drogas más peligrosas y quienes sostienen que banaliza los efectos nocivos del cannabis.
Los químicos farmacéuticos, por su parte, han rechazado la idea de que la marihuana para uso recreativo sea vendida en las farmacias.
Listos para celebrar
Del lado de los consumidores, en tanto, el plan es celebrar. Bajo la consigna «Festejamos porque entre todos hacemos historia. Cultivando la libertad, Uruguay crece», la coordinadora nacional por la regulación de la marihuana convocó para el martes a «la última marcha con la marihuana ilegal» hacia el palacio Legislativo.
«Esto es resultado de años de movilización desde las organizaciones sociales, no es un capricho del presidente Mujica», aseguró a la AFP Hernán Delgado, integrante de la coordinadora, que inició las movilizaciones por la despenalización del autocultivo y de los clubes de cannabis en 2006. El impulso que le dio Mujica al tema «permitió hablar de una regulación integral», sostuvo.
Si bien los consumidores se manifiestan conformes con la norma, Delgado adelantó que en el futuro aspiran a eliminar el registro de usuarios, regular el mercado de otras sustancias y que el experimento uruguayo se extienda al resto de Latinoamérica. «Esto es solo un excelente punto de partida», señaló.
