En vísperas del 30 aniversario del retorno de Argentina a la democracia, las protestas de policías por mejores salarios se extienden por el país junto a saqueos que han causado ya tres muertos y que el Gobierno atribuye a intentos de desestabilización.
La huelga de los policías que comenzó en Córdoba, la segunda ciudad más importante de Argentina, el anterior martes, se ha replicado en una decena de provincias y en ocho de ellas los uniformados se mantenían ayer autoacuartelados con sus familias. Esas ocho provincias son: Buenos Aires, Entre Ríos (este), La Pampa (centro), Santa Fe (centro), Tucumán (norte), Chaco (norte), Mendoza (oeste) y Chubut.
Entre Ríos fue escenario la madrugada de ayer de una oleada de robos y saqueos, jornada en la que una persona falleció electrocutada y otras 40 resultaron heridas, confirmó el gobernador provincial, Sergio Uribarri. Esta muerte se suma a las dos registradas el miércoles en Córdoba, a unos 700 kilómetros al oeste de Buenos Aires, y en Glew, en la periferia de la capital argentina. Altos cargos del Ejecutivo nacional y de Gobiernos provinciales advirtieron a los policías que las demandas deben ser resueltas sólo a través del diálogo.
Prevención. El jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich, vinculó el conflicto policial con “procesos de desestabilización” y una clara “intencionalidad política de provocar”. A su juicio, los disturbios han seguido un patrón similar en todos los casos, al comenzar con una huelga de policías que es aprovechada por bandas organizadas para robar y “generar caos y zozobra”.
“No es casualidad que este aspecto autoritario pretenda socavar las bases de legitimidad democrática, al cumplirse 30 años de democracia ininterrumpida”, agregó el jefe del gabinete.
El Gobierno nacional volvió a deslindar su responsabilidad en los conflictos salariales, ya que las policías provinciales dependen de los gobiernos locales, pero envió refuerzos de Gendarmería (policía militarizada) y Prefectura a varios puntos del país para evitar que los paros policiales desencaden en robos e incidentes como los sufridos en Córdoba. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, pidió a los jueces que actúen con “mucha firmeza con aquellos delincuentes que han sido detenidos como consecuencia de estos hechos” y criticó a la oposición por guardar silencio.
En diciembre de 2012, dos personas murieron y decenas resultaron heridas durante una oleada de saqueos y robos que comenzó en la sureña localidad de Bariloche y se extendió a otras cinco ciudades de Argentina. El acuartelamiento de policías no alcanza a la fuerza federal, de unos 60.000 efectivos, y se limita a la del ámbito provincial.
Detalles del conflicto en Argentina
Advertencia
El Gobierno denunciará ante la Justicia a los policías que con sus reclamos salariales alteren el orden público y a los ciudadanos que promuevan y protagonicen saqueos a tiendas.
Origen
La seguidilla de protestas policiales se inició tras una huelga de los efectivos de la provincia central de Córdoba, donde se registraron serios incidentes ante la ausencia de efectivos en las calles.
Demanda
En Córdoba, los policías pedían aumentos de más del 100% para llevar el salario básico a unos $us 2.100.
El saqueo, válvula de escape a tensión social
La crónica modalidad de los saqueos a tiendas en Argentina, como los que en los últimos días causaron tres muertos y decenas de heridos, es la válvula de escape para una sociedad que no canaliza demandas y tensiones a través de la política o el sindicalismo, según analistas.
Cada vez que en el país hay un foco de tensión social, por carencias económicas, huelgas o pura criminalidad organizada, grupos vandálicos se lanzan al asalto contra supermercados, comercios y viviendas.
El fenómeno local nació a finales de los años 80 con la primera hiperinflación y su estremecedor alza de 5.000% anual en el costo de vida, y desde entonces se repiten con frecuencia escenas de rapiña y pillaje. En Argentina los analistas consideran que no se observa actualmente un escenario de crisis social, aunque hay señales preocupantes en materia de inflación y caída de reservas monetarias.
“Lo que hay hoy es una crisis muy grande de participación, que viene de los años 70, de la crisis de los partidos, de los sindicatos y de organizaciones esclerosadas que no operan como canales de transmisión de demandas, no son confiables”, dijo Enrique Zuleta, académico de honor en Legislación y Jurisprudencia de España, respecto a movimientos sociales que pueden llegar a tumbar gobiernos.
