La Comisión de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado del Senado paraguayo se pronunció hoy a favor de la expropiación de 14.404 hectáreas reclamadas por la comunidad indígena sawhoyamaxa, que alega que son parte de sus tierras ancestrales.
Un portavoz de la Cámara alta confirmó hoy a Efe el dictamen de la Comisión favorable al proyecto de ley enviado el 14 de agosto al Congreso por el entonces presidente de Paraguay, Federico Franco.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional Paraguay, que desde hace años aboga por la causa de los sawhoyamaxa, valoró la decisión, aunque reconoció que todavía queda un largo camino por recorrer hasta conseguir una resolución definitiva.
«Es un primer paso y un paso importante. Los legisladores deben saber que es su obligación votar a favor del proyecto de ley para la expropiación de las tierras ancestrales de la comunidad sawhoyamaxa», declaró a Efe Frank Conde, vicedirector de comunicación de Amnistía Internacional Paraguay.
En 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció que el Estado paraguayo debe restituir esas tierras a los sawhoyamaxa, pertenecientes a la etnia Enxet.
«Existen dos alternativas para devolverles las tierras a la comunidad. Una es la compra de tierras, que se ha intentado años atrás sin éxito y la segunda es la expropiación», dijo Conde.
Heribert Roedel, un ganadero de origen alemán, tiene la titularidad de esas tierras, ubicadas a unos 370 kilómetros al noreste de Asunción.
Los sawhoyamaxa han vivido durante más de veinte años en una carretera frente a las tierra reclamadas, hasta que en marzo se instalaron en una pequeña franja de la estancia de Roedel, un vasto territorio de 60.000 hectáreas de explotación vacuna.
Conde indicó que las comisiones de Reforma Agraria y de Hacienda deben estudiar ahora el proyecto de ley, para después pasar al plenario del Senado.
Luego debería llegar a la Cámara de Diputados y, en caso de ser aprobado, llegaría a manos del presidente Horacio Cartes, que tendría que promulgarlo o vetarlo.
«El Estado es quien debe garantizar los derechos humanos y el Legislativo tiene el poder de cumplir con una deuda que tiene el Estado con esta comunidad, el cual es restituirles las tierras», dijo Conde.
