Guatemala inició hoy el proceso para diseñar una nueva estrategia contra el narcotráfico, que puede incluir la legalización de las drogas, aunque con el claro mensaje de que «no romperá de manera unilateral los compromisos internacionales».
Una comisión especial, integrada por altos funcionarios del Gobierno, expertos y representantes de la sociedad civil, se encargará a partir de este viernes de reformar la política interna antidrogas de este país centroamericano para hacer frente a los nuevos desafíos desatados por el flagelo del narcotráfico.
El presidente del país, Otto Pérez Molina, quien desde febrero de 2012 impulsa a nivel internacional una iniciativa para buscar nuevas rutas de combate al narcotráfico, entre ellas la despenalización de las drogas, declaró oficialmente instalada la Comisión Nacional para la Reforma de la Política de Drogas.
Esta instancia, explicó el mandatario, tiene como misión principal diseñar la política de Estado que definirá las estrategias y acciones «más adecuadas» que Guatemala impulsará en el futuro para abordar el tema de las drogas.
Los resultados del trabajo que realizará esa comisión, explicó Pérez Molina, se obtendrán «a mediano y largo plazo», pero mientras tanto, dijo, su Gobierno «seguirá con el esfuerzo de buscar, junto a otros países, nuevas estrategias en la lucha contra el narcotráfico».
«Hemos levantado regionalmente en Latinoamérica y en la ONU el debate, y queremos seguir insistiendo porque creemos que después de 50 años la política que hasta ahora es el ‘prohibicionismo’ no ha dado los resultados esperados porque no se ha reducido el consumo, la producción y el tráfico», señaló el mandatario.
El canciller guatemalteco, Fernando Carrera, quien presidirá la comisión, explicó que la misma se encargará de evaluar las políticas, planes y estrategias sobre las drogas implementadas en los últimos años a nivel nacional e internacional, así como analizar los marcos jurídicos y las estructuras institucionales vigentes en materia de drogas.
También analizar las iniciativas y propuestas académicas existentes en materia de políticas de drogas, y realizará y apoyará estudios e investigaciones científicas a nivel nacional.
El principal propósito de la comisión, explicó, será dotar al Estado de «los insumos técnicos y las propuestas necesarias para la reforma de la política de drogas y su estrategia de implementación, que tenga una naturaleza integral, multidisciplinaria y respetuosa de los derechos humanos y las libertades fundamentales».
Según Pérez Molina, en el seno de la comisión «deben ser analizados» todos los elementos de la problemática del narcotráfico y todas las propuestas generadas alrededor de la misma, incluida la despenalización de las drogas, «para tener una política muy clara».
Sin embargo, aclaró Carrera, aunque el tema de la despenalización de la producción, comercialización y consumo de las drogas se tendrá que abordar en la comisión, ello no implica que en ese espacio se vayan a tomar decisiones al respecto.
La legalización de la marihuana y la entrada del Etao como regulador del mercado, así como la legalización de su consumo en varias ciudades de Estados Unidos, son «avances importantes» a tomar en cuenta, indicó el canciller.
Sin embargo, precisó que Guatemala seguirá en la línea actual de combate frontal al narcotráfico y no asumirá decisiones de forma unilateral.
«Estamos de acuerdo en no romper de manera unilateral compromisos internacionales» relacionados con el combate al narcotráfico, agregó Carrera.
En la comisión también participa el ministro del Interior, Mauricio López Bonilla, así como los expertos y académicos en temas de seguridad y prevención Carmen Rosa de León, Elena Diez Pinto, Salvador Paiz, Carlos Mendoza y Daniel Hearing.
Además contará con el apoyo permanente de paneles de asesores externos, nacionales e internacionales, que aportarán en temas de prevención, reducción de la demanda de drogas, consumo, salud, lavado de activos y geopolítica de las drogas, entre otros.
El Gobierno le atribuye a los narcotraficantes y grupos del crimen organizado el incremento de los niveles de violencia del país, donde cada día son asesinadas 16 personas.
Durante la última década, células de los poderosos carteles mexicanos de narcotraficantes, aprovechando la debilidad del Estado, se asentaron en territorio guatemalteco para tener control directo de las rutas.
