La guerrilla comunista de las FARC retomó este lunes las conversaciones de paz con el gobierno de Colombia en La Habana, expresando su «gran desconfianza» por el espionaje «absurdo» de los servicios de la inteligencia militar colombiana que ha afectado a los actores del proceso negociador.
«Iniciamos este nuevo ciclo de diálogo de paz arrastrando una gran desconfianza por el espionaje absurdo de la inteligencia militar y la policía de Colombia, dirigidos por la CIA, para afectar el proceso de paz», señaló esa guerrilla en un comunicado leído por su negociador Pablo Catatumbo, en el Palacio de las Convenciones de La Habana, sede de los diálogos.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) denunciaron que la inteligencia militar pretende «a través de sus escuchas (…) ilegales a la delegación de paz de las FARC – contraparte del Estado en la mesa- disuadir la búsqueda del entendimiento».
Asimismo, subrayaron que el espionaje busca frustrar «el anhelo nacional de paz», porque constituye una «peligrosa amenaza a la continuidad de sus negocios lucrativos y corruptos».
Catatumbo arremetió contra el ministro de Defensa colombiano, Juan Carlos Pinzón, y el expresidente Álvaro Uribe, al destacar que «no vale prolongar la guerra para que unos militares, más que guerreristas, corruptos y mafiosos, se enriquezcan a través de jugosos contratos a costa de la tragedia nacional».
El jefe negociador del gobierno, Humbero de la Calle, no hizo declaraciones en la mañana al llegar al Palacio de las Convenciones, pero en un comunicado divulgado horas después, rechazó «las permanentes descalificaciones a personalidades y expresidentes» y «los inaceptables señalamientos de las FARC» al ejército de su país, que en «nada contribuyen» al proceso de paz.
«No aceptamos que desde este espacio donde buscamos construir un acuerdo de paz (…), las FARC, como lo han hecho el día de hoy (lunes), se presenten como los jueces de las instituciones de Colombia y en particular de nuestra Fuerzas Armadas», añadió De la Calle.
Las revelaciones sobre el espionaje de la inteligencia militar de las comunicaciones de diversas personalidades colombianas, entre ellos De la Calle y otros miembros de su delegación, voceros de las FARC y periodistas que cubren el proceso de paz, levantaron un escándalo político en Colombia, al punto que el presidente Juan Manuel Santos afirmó que era «totalmente inaceptable».
Santos destacó entonces que «fuerzas oscuras» buscaban sabotear los diálogos de paz y ordenó al Ejército una investigación interna.
El mando militar entregó el 14 de febrero el informe solicitado por Santos, pero sin determinar si hubo actuación ilegal y delegando las conclusiones en la Fiscalía de Colombia, que abrió una investigación al respecto.
Ataque a Avella «equivale a balear la credibilidad del proceso de paz»
Las FARC también condenaron este lunes el ataque perpetrado el domingo contra la candidata presidencial del partido izquierdista Unión Patriótica (UP), Aída Avella, cuando se dirigía a un acto político en el departamento de Arauca, en el este de Colombia, y reclamó a Santos que investigue ese hecho.
«Registramos con preocupación el atentado contra la candidata de la UP, Aída Avella (…), porque eso equivale a balear la credibilidad del proceso de paz de La Habana», afirmó Catatumbo.
Subrayó que «debe haber una investigación con resultados inmediatos y el gobierno debe lanzar una señal poderosa» de que garantizará la vida de los candidatos presidenciales de cara a las elecciones de mayo próximo.
Avella, quien resultó ilesa del ataque realizado por desconocidos que dispararon contra la caravana en la que viajaba, regresó a Colombia en 2013, después de permanecer en el exilio durante 17 años y tras haber sobrevivido a otro atentado.
Al condenar el atentado en redes sociales el domingo, Santos dijo que ordenó mejorar la seguridad de la candidata presidencial e investigar lo sucedido.
Durante el actual ciclo de negociaciones el gobierno y la guerrilla seguirán abordando el tema de drogas, que es el tercero de la agenda de seis puntos. Las partes han consensuado hasta ahora los dos primeros: desarrollo rural y participación política.
