Las autoridades uruguayas consideraron «política» e «infundada» la postura de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de cuestionar, en su último informe anual, la legalización de la producción y venta de marihuana aprobada en Uruguay.
Según informó hoy el portal de la emisora estatal Radio Uruguay, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND) uruguaya, Julio Calzada, consideró que la JIFE ha hecho una «interpretación política y no técnica» de la norma aprobada en la nación sudamericana a fines de 2013.
Además, Calzada recalcó que es «previsible» que la entidad tenga «una interpretación» de la Convención de 1961 sobre drogas, pero que se trata de una «interpretación peligrosa».
Al presentar en Londres su informe mundial correspondiente al año 2013, el presidente de la JIFE, Raymond Yans, afirmó que «esa ley contraviene lo dispuesto en la Convención de 1961 y recuerda al Uruguay la necesidad de respetar los tratados».
Yans explicó que «la JIFE sigue preocupada por algunas iniciativas que tienen por objeto la legalización del uso del cannabis sin fines médicos ni científicos» y advirtió que el caso de Uruguay «marca una tendencia peligrosa».
Por ello, instó «a las autoridades del Uruguay a que velen porque su país siga cumpliendo plenamente el derecho internacional, y que restrinja el consumo de estupefacientes, incluido el cannabis, a fines exclusivamente médicos y científicos».
La Convención de 1961 sobre drogas -adoptada por 186 países, incluido Uruguay- solo contempla el uso del cannabis para fines médicos y científicos, no para los recreativos.
La JIFE se presenta como un órgano independiente, formado por 13 miembros, con el cometido de vigilar y promover la aplicación de los tratados de Naciones Unidas sobre fiscalización de drogas.
También en alusión al informe, el representante permanente de Uruguay ante la OEA en Washington, Milton Romani, publicó un texto de respuesta a Yans en su cuenta de Twitter en el que considera que la JIFE «parece obsesionada por las iniciativas» de «cambio en los modelo de regulación de las drogas».
Romani agrega que el organismo «hace afirmaciones infundadas sobre los supuestos perjuicios y hasta la insania de los mismos», y tiene «una visión muy restringida no solo de los modelos de fiscalización, sino de las políticas actuales».
Además, lo acusa de convertirse en «juez y parte en un tema que hoy es un gran movimiento mundial basado en un enfoque de derechos humanos».
Para Romani, la JIFE «tiene mandato para vigilar las Convenciones» pero no «para emitir juicios sobre las políticas soberanas, dictadas por parlamentos o referendos populares».
Pese a la dureza del informe, Yans mostró su disposición a renovar la «estrecha cooperación» con Uruguay para abordar su ley de legalización del cannabis, respecto a la que ahora mantienen un «diálogo difícil», reconoció.
