Dieciocho periodistas han sido asesinados en Brasil desde 2009 por causa de su profesión, de un total de 321 violaciones a los derechos de las comunicadores, informó el martes un organismo oficial, que además propuso un observatorio que vele por el respeto al periodista.
De acuerdo con un informe elaborado durante el último año por una comisión de la Secretaria de Derechos Humanos de la Presidencia, la participación de autoridades locales y policiales en la violencia contra los comunicadores es evidente y la impunidad de esos actos permite nuevas amenazas.
El informe promueve la necesidad de proteger a los periodistas sin impedir que continúen con su labor profesional.
También detecta riesgos para los profesionales que actúan en las regiones de frontera, por causa de traficantes de diferentes productos que, después de amenazar a periodistas, cruzan la frontera para que evitar ser investigados por las autoridades brasileñas.
«Toda violencia contra los comunicadores hiere el principio de libertad de expresión (…) La democracia se fortalece combatiendo toda forma de censura y de violencia, ya sea de traficantes o de agentes del Estado», dijo la ministra de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia, María do Rosario, tras la presentación del informe.
El documento destaca el peligro en que se ha convertido la cobertura de protestas en razón de la violencia de la acción policial contra periodistas y manifestantes.
Precisa también que los periodistas son amenazados, aunque en menor escala, por manifestantes y que los propios medios de comunicación tienen que ofrecer condiciones de seguridad a sus trabajadores.
En febrero, el camarógrafo de la red de televisión Bandeirantes Santiago Andrade murió días después de recibir el impacto de una bengala en la cabeza durante una protesta contra el alza de los pasajes en Rio de Janeiro.
Según el Centro de Información de las Naciones Unidas para Brasil, el país sudamericano reconoció la violencia contra periodistas como un problema de Estado.
El informe sugiere crear, en sociedad con la ONU, un Observatorio de la Violencia contra los Comunicadores.
«Es un instrumento que va a hacer seguimiento de las violaciones de los derechos de los periodistas (…) Significa que cualquier tipo de violación en el marco del ejercicio de su profesión debe ser documentado para que no quede impune», agregó la ministra.
María do Rosario precisó que, en breve, el ministerio de Justicia debe emitir una directiva impidiendo a la policía apoderarse de los equipos de trabajo de los profesionales de la prensa.
